El Gobierno español ha anunciado que a partir de 2026 entrará en vigor una nueva subida en las cuotas que pagan los trabajadores autónomos en el marco del sistema de cotización por ingresos reales aprobado en 2022. La medida, todavía en fase de debate con patronal, sindicatos y asociaciones del sector, pretende adecuar las aportaciones a la Seguridad Social a los rendimientos netos de cada profesional.
El objetivo, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, es corregir una brecha que ronda los 650 euros entre la pensión media de un asalariado y la de un autónomo. “La única manera de solucionar esa desigualdad es cotizando por lo que verdaderamente se gana”, defiende el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sobre el papel, la lógica de la reforma es impecable: quien más gana, más contribuye, y quien menos ingresa, paga menos.
El nuevo sistema busca ofrecer una red de protección más sólida a un colectivo que históricamente ha estado más expuesto a la inseguridad económica y con pensiones sensiblemente inferiores a las del régimen general. La finalidad declarada de esta reforma es “dar más protección” a los trabajadores por cuenta propia y dotar de sostenibilidad al sistema público de pensiones. Los detalles, sin embargo, plantean dudas y reticencias. El planteamiento del Ministerio prevé que, a partir de 2026, los autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales paguen una cuota de 217,37 euros. En el extremo opuesto, quienes superen los 6.000 euros al mes abonarán 796,24 euros.
La progresividad es evidente, pero la carga mínima sigue siendo alta para quienes se encuentran en el tramo más bajo de ingresos. Muchos de ellos -profesionales de sectores con márgenes muy ajustados o en etapas iniciales de actividad- temen que la subida acabe siendo insostenible. El debate se da en un contexto de cifras récord, con más de 3,4 millones de autónomos. Se trata, sin duda, de un colectivo dinámico y esencial para el tejido productivo, que merece protección e impulso. En compensación por la subida, las asociaciones de autónomos reclaman más derechos sociales, una reivindicación justa que debe ir acompañada de una solución al “paro del autónomo”. Hasta el ministerio reconoce que el actual sistema de prestación por cese de actividad no funciona como debería. Los requisitos para acceder son demasiado estrictos y demostrar el cierre real de un negocio resulta muy difícil.
