Debo explicar que, por mi parte, el informe del PRL nunca ha estado oculto en un cajón. Todo lo contrario. Exactamente tres días después de recibirlo redacté y envié al Departamento de Educación y a la Sección de PRL un escrito de alegaciones en el que solicitaba su anulación al considerar que presenta una serie de errores y defectos que lo hacen sesgado, parcial y tendencioso. Una vez que recibí la respuesta de la jefa de la Sección de PRL procedí al envío del informe a todo el personal del centro.

La presentación del informe ante el claustro la llevaron a cabo la Jefa de Sección de PRL y el Subdirector de Salud Laboral, ya que las psicólogas que lo elaboraron se negaron a hacerlo. En dicha presentación, la jefa de la Sección de PRL reconoció que en el informe se recogía tan solo el sentir del profesorado –y no de todos– y que no reflejaba datos objetivos. También hubo docentes que manifestaron su disconformidad con los resultados emitidos, puesto que sus opiniones, expresadas en las entrevistas, no estaban recogidas en el informe. Ante esto, los responsables no supieron dar cuenta de los criterios de selección de la información aplicados por las psicólogas.

Aunque la encuesta se envió a los 110 docentes, sólo respondieron 50. El porcentaje de respuestas y la manera en que se ha constituido la muestra estudiada no permiten extrapolar los resultados a toda la organización. Por otra parte, se ha comprobado una distribución desequilibrada en la selección del personal al que se entrevista. Todo ello pone en duda la fiabilidad y representatividad de los resultados del informe.

Además de los sesgos metodológicos, el informe presenta algunas contradicciones. Por ejemplo, en el apartado de comparación entre el personal funcionario y el personal interino se concluye que “En el factor Carga de trabajo, el personal funcionario se sitúa en riesgo elevado y el personal interino en situación adecuada”, cuando todos los docentes realizan el mismo tipo de trabajo.

Por otra parte, “En el factor Demandas Psicológicas, el personal funcionario se sitúa en riesgo muy elevado y el personal interino en riesgo elevado”. Parece que para las demandas psicosociales del trabajador es más conveniente ser interino que funcionario, lo que refleja, una vez más, que los resultados no se pueden extrapolar.

En la propuesta de medidas preventivas se aprecia que las evaluadoras han elevado a categoría de actuaciones de mejora las reivindicaciones sindicales y políticas expresadas por un grupo de docentes. Asimismo, en el informe se hace responsable de la ejecución de las medidas preventivas al personal del centro, que no estamos cualificados para implementar medidas en el ámbito psicológico. Lo deseable es que fuera el personal de Riesgos Laborales quienes se responsabilizaran de la implementación de las medidas preventivas que proponen.

En los medios de comunicación se está destacando de manera reiterada, incluso en titulares, que “el 42,4% está expuesto a violencia psicológica constante”. Este resultado se obtiene de una pregunta del cuestionario, formulada en estos términos: “¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo las situaciones de violencia psicológica (amenazas, insultos, hacer el vacío, descalificaciones personales, …)?” Realmente, el informe de evaluación dice que “un 42,4% percibe exposición frecuente o constante a situaciones de violencia psicológica en el entorno laboral”. Evidentemente, no es lo mismo “percibir violencia” que “estar sometido a violencia”.

En el cuestionario no se pregunta, en ningún momento, si esas situaciones de violencia psicológica se producen sobre la persona encuestada. Cabe la posibilidad de que este resultado refleje la percepción, por parte de los encuestados, de la violencia psicológica que está ejerciendo un grupo de docentes sobre mí misma y sobre el equipo directivo, utilizando para ello todos los recursos a su alcance, incluidos los medios de comunicación. Un claro ejemplo de esto es la filtración a la prensa de mi situación de baja por enfermedad, que ha durado 5 días laborables, pero se ha expuesto públicamente en dos ocasiones, acompañada de mi nombre y fotografía.

Considero que la evaluación de factores psicosociales es muy importante y necesaria para nuestro centro y para cualquier entorno laboral, puesto que ayuda a mejorar la salud psicológica y el bienestar del profesorado. Ahora bien, para que esta evaluación sea útil y eficiente es necesario que la herramienta de evaluación que se utilice (cuestionario) esté adaptada a la realidad del centro y que el tratamiento de los datos sea impecable. En nuestro caso, las Enseñanzas Artísticas Superiores, esto no ha ocurrido. La falta de adaptación del cuestionario aplicado ya fue reconocida en la anterior evaluación, llevada a cabo en el año 2016, por una de las dos psicólogas que han realizado este último informe.

Pamplona, 14 de diciembre de 2025. 

La autora es Directora del Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN)