Pese a la percepción de polarización y encastillamiento en la política, las instituciones de Navarra y la CAV encaran 2026 con un marco de estabilidad de unos presupuestos actualizados. Gobiernos y diputaciones no precisarán de prorrogar las cuentas en tanto todas ellas se han asegurado la mayoría suficiente para renovarse y orientarse a las prioridades del momento. No en todas las instituciones se ha alcanzado igual fórmula, pero en todas ellas los Ejecutivos han propuesto un diálogo para consensuar unos mínimos que permitan sustentar los proyectos de inversión y gasto​que precisan el mantenimiento de las estructuras públicas y su servicio a la ciudadanía. Una base de consenso con diversos protagonistas, pero cuyo núcleo de estabilidad en todos los herrialdes es el que aportan el nacionalismo vasco de PNV-Geroa Bai y el socialismo de PSE-PSN.

Fuera de todo consenso ha elegido estar la derecha nacionalista española del PP y UPN. En las izquierdas, su naturaleza diversa ha traído posiciones diversas: Podemos es copartícipe de acuerdos en Araba y Gipuzkoa, pero no en Bizkaia; EH Bildu, sólo donde no prioriza su estrategia de alternativa al Gobierno –Navarra– y Sumar ha quedado al margen de todo; se añade el caso específico de Contigo-Zurekin, que intenta no verse arrastrada en la Comunidad foral por la ruptura de las dos marcas de la izquierda estatal.

Desde una perspectiva ciudadana, el dato esencial es otro: disponer de nuevos presupuestos amplía la capacidad de gobiernos autonómicos y forales de responder a un contexto económico y social cambiante. Las cuentas de 2026, las más altas de la historia, fijan techos de gasto e inversión que permiten actualizar políticas de vivienda, cohesión social y territorial, transición energética o refuerzo de servicios públicos, algo que una prórroga encara de forma limitada y rígida.

Siendo una herramienta legal, no es neutra en tanto congela prioridades, dificulta reorientar el gasto a nuevas necesidades y reduce el margen de inversión estratégica. La lección que deja este ciclo es clara: cuando hay voluntad, el acuerdo es posible incluso entre proyectos ideológicos muy distintos, y su fruto se mide en estabilidad para la ciudadanía. Cuando las prioridades de los partidos son otras, la ciudadanía no gana.