Se puede empatizar con determinadas ocupaciones de vivienda por verdaderas necesidades de familias vulnerables sin una alternativa habitacional. Principalmente en grandes ciudades, ante la existencia de muchas viviendas vacías en manos de grandes tenedores, bancos o administraciones a las que no se da salida. Y soy consciente de que sin políticas de vivienda decidida para todos los sectores sociales el fenómeno de la ocupación seguirá existiendo.
Hay colectivos que incluso median desde una motivación activista-ideológica, comprensible cuando una familia -por ejemplo con hijos- se queda en la calle porque le echan de su casa y se trata de mantenerla hasta buscar una solución. Pero dejando estos supuestos a un lado y otras ocupaciones claramente delictivas (mafias, realquileres ilegales, narcokupas...), hay pequeños propietarios que están sufriendo situaciones de verdadero abuso y de las que se desconoce el verdadero móvil. Ha ocurrido en la calle Mayor de Burlada.
Un grupo de personas ocupan una vivienda propiedad de una familia que se vio obligada hace años a mudarse de casa ante una situación de discapacidad sobrevenida- porque el primer edificio no tenía ascensor. La vivienda era utilizada además para guardar parte de sus pertenencias, las de un matrimonio que ha trabajado toda su vida. Cuando el piso tuviera ascensor, la idea era alquilarlo. Precisamente aprovechando las obras del portal para la instalación del elevador los okupas cambian la cerraja y, para cuando la familia se percata de lo sucedido (ven las luces encendidas desde la calle), han pasado 48 horas (plazo legal para desalojarlos sin orden judicial), por lo que la presencia de la Policía foral que recibe la denuncia llega demasiado tarde. Toca esperar, pagar un abogado, un procurador, y que un juez tome una decisión lo que puede demorarse unos cuatro meses (en el Juzgado de Instrucción nº 4 deben acumularse los casos).
Con el tiempo la familia ha conocido por otros vecinos otros detalles. Tras cambiar la cerraja de la puerta la llave del piso fue cedida por 1.400 euros para un periodo seis meses. Y, al parecer, una de las habitaciones ha sido realquilada posteriormente a una pareja. ¿Y qué ocurre si vuelves a cambiar tu la cerradura o tomas medidas por tu cuenta? Que te “denuncian por coacción”, afirman los expertos. ¿Y si les cortas el agua, la luz o el gas? “Te denuncian por coacción”, reiteran. La vía legal es la única alternativa para recuperar la vivienda”, subrayan.
La nueva ley estatal que entró en vigor este año supuestamente agiliza los desalojos de okupaciones ilegales. Pero en la práctica la solución al menos por ahora no es así. Inquilinos con agua, luz y gas gratis. Impunidad e impotencia, se llame usurpación o como se quiera. Luego que nadie se sorprenda que haya gente que no quiera alquilar su vivienda a personas vulnerables. “Te dejan de pagar y se transforman en okupas con un informe de vulnerabilidad social”, revelan vecinos a los que han pedido la llave del portal sintiéndose amedrentados. “La ley lo permite, favorece la delincuencia...“. Mientras, las empresas de alarmas y de seguros antiokupas hacen su agosto. El sistema falla de veras.