REPORTAJE
Un nombre que no le pertenecía
Se puede empatizar con determinadas ocupaciones de vivienda por verdaderas necesidades de familias vulnerables sin una alternativa habitacional. Principalmente en grandes ciudades, ante la existencia de muchas viviendas vacías en manos de grandes tenedores, bancos o administraciones a las que no se da salida. Y soy consciente de que sin políticas decididas de vivienda para todos los sectores sociales el fenómeno de la okupación seguirá existiendo. Hay colectivos que incluso median desde una motivación activista-ideológica, comprensible cuando una familia -por ejemplo con hijos- se queda en la calle porque le echan de su casa y se trata de mantenerla hasta buscar una solución.
Pero dejando estos supuestos a un lado y otras ocupaciones claramente delictivas (mafias, realquileres ilegales, narcokupas...), hay pequeños propietarios que están sufriendo situaciones de verdadero abuso y de las que se desconoce el verdadero móvil. Ha ocurrido en Burlada. Un grupo de personas han ocupado una vivienda propiedad de una familia que se mudó en su día porque el edificio no contaba con ascensor. Precisamente aprovechando las obras en el portal para la instalación del elevador los okupas cambian la cerraja y, para cuando la familia se percata de lo sucedido (ven las luces encendidas desde la calle), han pasado 48 horas (plazo legal para desalojarlos sin orden judicial), por lo que la presencia de la Policía foral que recibe la denuncia llega tarde. Toca esperar, pagar un abogado, un procurador, y que un juez tome una decisión lo que puede demorarse -con suerte- hasta seis meses. Tras cambiarse la cerraja de la puerta la llave del piso fue cedida por 1.400 euros para un periodo seis meses. Al menos esa fue la versión ofrecida por los okupas ante la policía. Los vecinos no descartan por otro lado que haya habido realquileres. ¿Y qué ocurre si vuelves a cambiar tu la cerradura o tomas medidas por tu cuenta? Que te “denuncian por coacción”, afirman los expertos. ¿Y si les cortas el agua, la luz o el gas? “Te denuncian por coacción”, reiteran. La vía legal es la única alternativa para recuperar la vivienda”, subrayan. La nueva ley estatal que entró en vigor este año supuestamente agiliza los desalojos de okupaciones ilegales. Pero en la práctica la solución al menos por ahora no es así. Hay okupas con agua, luz y gas gratis. Impunidad e impotencia, se llame usurpación o lo que sea. Luego que nadie se sorprenda que haya gente que no quiera alquilar su vivienda a personas vulnerables. “Te dejan de pagar y se transforman en okupas con un informe de vulnerabilidad social”, revelan vecinos a los que han pedido la llave del portal sintiéndose amedrentados.
“La ley lo permite, favorece la delincuencia...y hace que la gente se busque la justicia por su mano o acuda a empresas de desokupación“. A su vez, las empresas de alarmas y de seguros antiokupas hacen su agosto. El sistema falla. Hay que favorecer que no haya viviendas vacías pero este tipo de salidas sin amparo legal no ayudan. Propietarios que no pueden defenderse ni recuperar su vivienda, la que legítimamente poseen.