Los portales inmobiliarios sostienen que solo son “un escaparate”, pero esa coartada empieza a quedarse corta. Cuando una plataforma gana dinero con anuncios de alquiler, no puede ignorar si esos precios cumplen la ley, especialmente en las zonas declaradas de mercado tensionado. Por eso es relevante la investigación abierta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que analiza si los portales están publicando anuncios por encima de los precios máximos legales o sin la información obligatoria, como el precio del contrato anterior o el índice de referencia.
El problema es que estos anuncios siguen apareciendo con normalidad. Los portales filtran por barrio, metros o número de habitaciones, así que también podrían filtrar precios ilegales, pero no lo hacen. Al permitirlos, contribuyen a inflar el mercado y a dar por válidas rentas que la ley trata precisamente de frenar. En Pamplona, ciudad declarada zona tensionada (como Barcelona, Bilbao, Vitoria-Gasteiz o A Coruña), se anuncian pisos de dos habitaciones por 1.050 o 1.150 euros al mes, cuando el precio legal debería situarse claramente por debajo de los 900 o 950 euros, según el índice o el último contrato. También se publican viviendas que reaparecen en el mercado 200 o 300 euros más caras, sin explicar mejoras ni informar del alquiler anterior. Los portales no son actores neutrales. Mientras sigan beneficiándose de anuncios que incumplen la ley, también forman parte del problema.
