Pues personalmente sí que creo que, pasado el tiempo, analizado y aclarado todo y conocidas las causas del siniestro, si se demostrase que se trata de una mala conservación de la línea, siquiera fuera por respeto a las víctimas, el ministro del ramo debería de coger la puerta e irse a su casa. Ya digo: cuando la investigación concluya y si la causa es clara y achacable a que no se han hecho las cosas bien o, cuando menos, si mejor hechas esto se hubiese podido evitar.
Al final, la red de ferrocarril es responsabilidad exclusiva del Gobierno de España y si bien ahora no es tiempo de andar con exabruptos como anda la derecha en redes y en los medios desde el minuto uno sí que lo tendría que ser en el futuro.
Ahora mismo es momento, lógicamente, de seguir trabajando en el terreno, de seguir buscando personas, de seguir apoyando e investigando, de seguir acompañando y no malgastar tiempo y energía en disputas políticas, pero más adelante me parecería lo lógico. O cuando menos un gesto al que no estamos muy acostumbrados en España, donde las dimisiones se cuentan con los dedos de una mano y muchas de ellas forzadas después de semanas y meses de presión.
Lógicamente, el infortunio y la mala suerte también pueden tener que ver con el accidente –que pasase al muy poco el Alvia tras descarrilar el Iryo es pura mala fortuna estadística– y ser la causa, pero si se demuestra que un no correcto mantenimiento está detrás es obvio que hay responsables y que esos responsables políticos tienen que rendir cuentas políticamente y trasladar a la población un mensaje de responsabilidad y a su vez de tranquilidad, puesto que 40 millones de personas cogen los trenes de alta velocidad cada año y sucesos así, trágicos y tan dolorosos, siempre afectan a la confianza de los usuarios. La inversión en incrementar la seguridad y en minimizar al máximo posibles fallos también se antoja ineludible.
