Hace unas semanas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no investigar eficazmente la supuesta violación de dos mujeres por sumisión química ocurrido en Pamplona en 2016. Durante el proceso fueron destruidas pruebas clave, dándose la casualidad de que uno de los dos implicados resultó ser cuñado de un policía nacional adscrito a la unidad que investigó el caso.
Desaparecidas -hechas desaparecer, mejor dicho- dichas pruebas, como secuencias del vídeo del bar en que presuntamente fue administrada la droga en la bebida a las mujeres o datos sobre los teléfonos móviles, borrados por accidente de un disco duro, el juez determinó que no había pruebas concluyentes para condenar a los acusados (los cuales, entre otras lindezas, hablaban en un grupo de WhatsApp de entrenarse para matar mujeres a golpes).
No, no es el argumento de una película o de una novela de John Grisham, es la cruda realidad, una injusticia clamorosa que deja a las víctimas agraviadas dos veces, la primera por sus agresores, y la segunda por quien debería haberlas defendido de ellos.
Queda como consuelo la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que condena al Estado español a indemnizar económicamente a las dos denunciantes, pero que no resuelve el hecho de que los culpables se hayan ido de rositas y con la burundanga en el bolsillo y que resulte poco probable que los denunciados puedan llegar a ser condenados, puesto que las pruebas que podrían incriminarlos se han esfumado en un birlibirloque policial y judicial.
La condena europea, además, llega después de todo un viacrucis de nueve años por diferentes tribunales -como la Audiencia Provincial de Navarra o el Tribunal Constitucional, que no admitió el recurso de amparo- y gracias a la tenacidad del abogado de las víctimas y de estas mismas, que han conseguido que, al menos, la injusticia que han padecido tenga el desagravio de ser reconocida públicamente y aireada en diferentes medios de comunicación.
Cabe preguntarse, no obstante, cuántas situaciones similares u otras -abusos laborales, de autoridad, despidos, desahucios…, por no hablar de injusticias sistémicas como la desigualdad económica, la discriminación racial o de género, la corrupción...- caerán en saco roto porque las personas que las padecen no tienen la fortaleza anímica o el respaldo económico para afrontar los litigios, o porque se encuentran por el camino todo tipo de trabas, amenazas, laberintos judiciales sin salida, procesos kafkianos o cuñados policías.
