La Ley de Amnistía aprobada esta semana por la Asamblea Nacional venezolana aspira a ser un paso hacia la reconciliación en un país fracturado, pero sus fisuras la convierten en un mecanismo imperfecto, susceptible de uso partidista por el régimen saliente, si llega a ser tal cosa. Esa imperfección no es exclusiva de este proceso, en tanto muchas de sus aristas ya estaban presentes en la norma equivalente acordada en el Estado español en 1977. Precisamente, la experiencia vivida pone en cuestión algunos de sus extremos. Limitada a 13 episodios concretos de “convulsiones sociales” desde 1999 –como el golpe de 2002 o las protestas de 2017 y 2024–, exige a opositores, presos y exiliados “ponerse a la orden de la justicia” para acogerse a ella.

Esta condición los expone a un sistema judicial a medida y con plena adhesión al régimen chavista y no excluye delitos graves como torturas o crímenes de lesa humanidad. Estos extremos se intentaron soslayar en la ley española del 77 al no imponer la condición de someterse a la estructura de tribunales del régimen franquista y excluir delitos de lesa humanidad. Pero, aún así, la ley española también facilitó un marco de impunidad con el régimen, que aún hoy, casi 50 años después, es costoso de superar con verdad, justicia y reparación. Como ahora en Venezuela, la ley que buscaba apuntalar la transición española tampoco establecía mecanismos de disolución del aparato represivo del Estado ni de democratización de su poder judicial.

Y, a pesar de la exclusión de su cobertura de crímenes de lesa humanidad, jueces y fiscales la han invocado sistemáticamente para archivar causas, enquistando una impunidad que las leyes de memoria no han resuelto del todo. Venezuela tiene la oportunidad de corregir estos errores. Una amnistía efectiva para los presos políticos debe ser general –en Venezuela unos 200 presos quedarán desamparados, bien por ser militares o por que están condenados por hechos fuera del marco definido de “convulsiones sociales”–, inmediata, recíproca y supervisada por instancias neutrales, sin requisitos capciosos que perpetúen desconfianzas por señalamiento de opositores o amparo a torturadores. Sería oportuno establecer garantías internacionales que aporten fiabilidad en derecho y evitar los fantasmas que aún rondan la española.