La estrategia arancelaria de Donald Trump acredita cada día la situación insostenible económica y jurídicamente que amenaza la estabilidad global. Trump responde a las limitaciones del derecho –marcadas por su propio Tribunal Supremo– con una nueva agresión arancelaria indiscriminada. No estamos ante una herramienta legítima para proteger sectores estadounidenses –discutible ya en el marco del comercio multilateral–. Sus aranceles masivos funcionan como mecanismos de acoso y chantaje personal. Trump no defiende la industria norteamericana, sino sus propios intereses políticos y empresariales, imponiendo gravámenes sin base racional, alterando cadenas de suministro y disparando la inflación interna. La Reserva Federal ya advierte de riesgos recesivos, mientras empresas como Ford o Apple claman por la incertidumbre que paraliza inversiones.
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Esta deriva se agrava con la descalificación sistemática de cualquier modelo de gobierno basado en el equilibrio de poderes y el derecho. Trump arremete contra su propio Tribunal Supremo –cuya mayoría conservadora él mismo moldeó– por frenar decretos presidenciales que vulneran competencias del Congreso en comercio exterior. Poner límites a la impunidad ejecutiva no es traición, sino fundamento del Estado de derecho. Atacar a jueces por fallos ajustados a la Constitución evidencia un concepto profundamente antidemocrático: el acaparamiento absoluto del poder, donde el presidente se erige por encima de las instituciones que representan la soberanía del pueblo estadounidense y que juró defender.
Europa encara de nuevo la evidencia de que no basta con no desear el conflicto para evitarlo. El apaciguamiento frente a la ambición unilateral de Trump no pone límites a este modelo despótico, que concentra poder en un líder cuya soberbia sitúa a la democracia liberal como un enemigo a batir. La UE debe responder con unidad: diversificar proveedores, reforzar el euro como refugio y litigar en la OMC sin ceder un ápice. La historia de los años 30 del siglo pasado enseña que la transigencia ante el aislacionismo agresivo solo alimenta su expansión. Las democracias europeas afrontan una amenaza directa a su supervivencia y lo hacen divididas por intereses igualmente particulares. El riesgo es grave.