La operación Furia épica cumple su primer mes en Oriente Medio dejando al descubierto una serie de irresponsabilidades que cuestionan la motivación de la intervención. Esta ya no puede desligarse de la ventana de oportunidad surgida para asesinar a la cúpula de la teocracia chií, que era, es y será elemento prioritario para los intereses personales y de consumo interno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El líder de Likud ha encontrado en Irán, archienemigo declarado del Estado hebreo, el poso necesario para ganarse a su opinión pública y así, una eventual reelección en el cargo comicios mediante que le aleje aún más de sus problemas judiciales.

En esa huida hacia delante ha logrado embaucar al presidente de EEUU, Donald Trump, aún empecinado en trascender en la Historia, aunque su empeño provoque una crisis económica de proporciones aún indescifrables y pingües beneficios a quienes ayudaron a su regreso a la Casa Blanca, como empresas petroleras y gasísticas. Bajo esos parámetros, lo que se presentó como una acción de precisión para neutralizar una amenaza nuclear iraní inminente choca con la frialdad de los datos técnicos.

Según las actas oficiales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y refrendadas incluso por el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joseph Kent –dimitido precisamente por rechazar parte del argumentario utilizado para justificar la acción bélica–, las inspecciones realizadas hasta el inicio de las hostilidades no confirmaron la desviación de material nuclear para uso militar.

Desde la perspectiva estratégica, se barrunta una falta de previsión en los escenarios ulteriores al ataque, incluso en el diseño de la intervención, al parecer, huérfana de un operativo militar a pie de terreno capaz de desarticular las cadenas de mando en el país de los ayatolás, muy mermadas tras los asesinatos selectivos de un buen número de líderes.

Finalmente, la paradoja operativa es evidente en la seguridad marítima. La libre navegación en el Estrecho de Ormuz, por el que debería circular una quinta parte del petróleo y del gas consumido en el mundo, ha quedado invalidada por la realidad del terreno con el cierre técnico del paso, provocando una crisis difícil de cuantificar al carecer de un final cierto. Y todo ello, sin el paraguas de legalidad multilateral y sin el apoyo militar de otros países occidentales, que sí han visto la magnitud de las consecuencias de una decisión que se va a pagar en todo el mundo.