La decisión del consejero Gimeno de anular los conciertos en aulas de 14 centros educativos concertados es, creo, un grave error político. Alega criterios técnicos, descenso de la natalidad y, por tanto disminución de matriculación. Y si se trata también de utilizar criterios razonables para adecuar el destino del gasto presupuestario, es evidente que en los Presupuestos hay líneas de gasto suficientes para ese ajuste que no impliquen a servicios públicos básicos como educación o sanidad o dependencia o vivienda. En principio, el decreto afectaba a 33 centros, 19 de ellos públicos. Pero lo que el miércoles era imposible, modificar esa decisión, según expuso el portavoz del Gobierno, en unas horas fue posible y de los 33 centros afectados inicialmente, se eliminaron los 19 que forman parte de la red pública.
Quedaron 14, 9 de ellos ikastolas. En el caso de Ikastola Lizarra seis familias quedan excluidas del centro elegido para la educación de sus hijos. El concepto de libertad de elección que tantas veces se utiliza, aplicado según para quién, cómo y dónde. No se trata de todos contra Gimeno, sino más bien de que Gimeno ha estirado la normativa en su interpretación más restrictiva. Lanzó un decreto sin apoyo político y sin diálogo social. Y no cuenta con mayoría ni en los grupos que sostienen al Gobierno de Chivite del que él forma parte. Con el apoyo de PSN y Contigo-Zurekin suman 14 escaños frente a los 16 de Geroa Bai y EH Bildu que están en contra y piden una moratoria de un año. Si se traslada la aritmética al Parlamento, la minoría de Gimeno es aún más elocuente: los mismos 14 votos y 36 que rechazan la propuesta. Intentar gobernar por decreto, que es una vía democrática de urgencia y no un subterfugio legislativo para imponer aquello para lo que sabes de antemano que no cuentas con apoyos suficientes, tiene estás cosas, que acaban mal. Quizá a Gimeno no le guste, pero Navarra financia dos modelos educativos, el público y el concertado, desde hace más de 30 años y las ikastolas, como modelo educativo social sin ánimo de lucro, forman parte del entramado educativo foral desde tiempos de la dictadura franquista, cuando dieron sus primeros pasos.
Esta decisión genera además un problema de estabilidad a la presidenta Chivite y supone también un foco más de tensión sobre un PSN acosado desde las derechas por la comisión de Belate y el caso Cerdán. En un momento en que el Gobierno mostraba signos de fuerte cohesión interna, con una mayoría parlamentaria estable y muy buenos ratios en el ámbito del equilibrio presupuestario, la inversión privada y pública y empleo, unas arcas saneadas y proyectos importantes por delante para este último año de Legislatura en sanidad, industria, vivienda... Pero parece inevitable que cada Gobierno y sus aliados se empeñen en facilitar el último año de cada Legislatura la labor de la oposición aportando sus propias polémicas internas. Mejor reflexionar que tirar adelante como sea con tan escasos apoyos.