La sanidad pública es uno de los pilares más importantes del Estado del bienestar. No podemos caminar hacia modelos como el de Estados Unidos, porque ya sabemos cómo funcionan y dónde quedaríamos la mayoría de la ciudadanía bajo un sistema así. Por eso estoy convencida de que el futuro de la sanidad pública depende de que no gane la derecha, pero también de que las fuerzas de progreso sean capaces de gestionarla bien.
En este contexto, resulta evidente que el enfrentamiento entre el Gobierno y el Sindicato Médico no ayuda a mejorar la situación. El colectivo médico ha tenido históricamente un peso importante en el sistema y ahora vuelve a situarse en el centro del conflicto, reclamando mejoras laborales y salariales en un momento especialmente sensible. Si el resultado de la tensión es la renuncia a realizar horas extraordinarias, el efecto inmediato recae sobre el ciudadano, que es quien soporta retrasos, cancelaciones y listas de espera más largas.
Y conviene no perder de vista que un aumento salarial por sí solo no garantiza una atención más rápida al paciente. Sin embargo, también parece claro que el sistema necesita mejoras de gestión, reducción de burocracia, revisión de estructuras y una mejor asignación de recursos para ser más eficiente. Existen servicios que funcionan correctamente, pero otros presentan claros problemas. Uno de los principales cuellos de botella está en la Atención Primaria, y los retrasos en este nivel acaban saturando las urgencias.
Lejos quedan los días en los que era posible conseguir cita en el centro de salud en el mismo día. Hoy, en muchos casos, las esperas se prolongan y en algunas especialidades llegan a ser de meses. Ya lo señalaba la Cámara de Comptos: la población con tarjeta sanitaria ha crecido y además es más envejecida, lo que incrementa la presión sobre el sistema.
Navarra ha aumentado el gasto en Atención Primaria en los últimos años, pero ese incremento no ha evitado el deterioro en el acceso. A ello se suman las dificultades para cubrir bajas y ausencias, especialmente en medicina de familia y pediatría, debido a la falta de facultativos disponibles. También se advertía de jubilaciones masivas en los próximos años, lo que podía agravar aún más la situación. El gasto total en este nivel asistencial aumentó en torno a un 33% entre 2018 y 2023, pero si no se introducen cambios y la población sigue envejeciendo, la presión asistencial seguirá aumentando.
