Las mayorías absolutas dejan huellas profundas en la legislación de un país. En España, la última la conquistó el PP de Mariano Rajoy en 2011, en medio de una crisis financiera y económica durísima. De los cuatro años que siguieron data una reforma laboralcuyo efecto en la creación de empleo fue muy modesto y que en nada sirvió para mejorar el modelo productivo de muchas comunidades, pero que devaluó los salarios de tal manera que aún hoy, casi 15 años después y ya derogada, se perciben sus efectos en forma de empobrecimiento y desigualdad. Toda una generación de jóvenes la ha acusado.
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En los últimos meses de aquella legislatura, se aprobó la conocida como Ley Mordaza, que ha recibido la censura de la Unión Europea, al limitar el ámbito de la legítima protesta y que en Navarra se está traduciendo en un espectacular incremento de las multas. Ocho años después del relevo en Moncloa, la Ley y sus efectos siguen plenamente en vigor.
El PSOE, que ciertamente tampoco ha derrochado interés por ello, no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con sus socios para, al menos, modificar sus aspectos más conflictivos. Como sucede con la Ley de Secretos Oficiales, otra cuenta pendiente con la salud democrática.