Los médicos del sector público mantienen en las calles un pulso especialmente sangrante para la ciudadanía por la afectación al servicio pero conviene no errar el tiro sobre quién es el destinatario de su indignación: el Ministerio de Sanidad. Aunque la ministra Mónica García pretenda proyectar a las comunidades autónomas la responsabilidad de resolver el problema que ella ha creado, la inmensa mayoría de las reivindicaciones estructurales chocan contra el muro de la normativa básica recién auspiciada por ella. La abolición legal de las guardias de 24 horas continuadas, el cómputo de las cotizaciones para una jubilación justa o el reconocimiento de su especificidad a través de unEstatuto propio no son competencias autonómicas. Frente a esta crisis, la titular de Sanidad ha optado por el peor de los caminos: la unilateralidad.
Ha pergeñado una reforma del Estatuto Marco de espaldas a las comunidades autónomas, que son las instituciones que sostienen y gestionan el sistema en el día a día. Aún más grave es la irresponsabilidad de crear un conflicto sectorial sin precedentes al obviar de forma deliberada el desacuerdo con el colectivo médico. En un alarde de obcecación, la ministra ha impuesto un acuerdo parcial en el que ha dejado fuera a los sindicatos médicos. Ha preferido buscar el abrigo complaciente de los sindicatos generalistas, jugando al peligroso “divide y vencerás” entre los facultativos y el resto del personal. La propia ley, carente de desarrollo asociado a cifras reales del sector, pretende dibujar un escenario final idílico sin molestarse en definir el camino, ni aportar los recursos, para poder cumplirlo.
Resulta un insulto a la lógica institucional exigir a las autonomías que den satisfacción a los facultativos estructurando el servicio con turnos más reducidos y mejor pagados cuando existe una evidente escasez estructural de profesionales. Superada por una huelga médica que paraliza el país, García se niega a afrontar las consecuencias de sus propios actos. Con absoluta deslealtad, trata de usar a las autonomías como pararrayos, proyectando sobre ellas el enorme coste social y político de la crisis que ella misma ha provocado. Descalificada como referente del sistema de salud en el Estado, su continuidad en el Ministerio es ya un factor de conflicto en sí mismo.