El denominado caso Zapatero –centrado en las presuntas irregularidades en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia– ha colocado a la política, a la Justicia y a los medios de comunicación ante un escenario tan excepcional como desconcertante. Los indicios conocidos son lo suficientemente graves como para justificar una investigación rigurosa, pero la prudencia procesal obliga a recordar que, a día de hoy, no existe ninguna resolución judicial que acredite la comisión de un delito, sino únicamente una instrucción abierta basada en sospechas que el juez considera necesario continuar.

En el núcleo de esta causa penal conviven actualmente dos hipótesis contrapuestas. Por un lado, la del tráfico de influencias busca determinar si el expresidente del Gobierno utilizó su influencia para favorecer intereses privados a cambio de mordidas, o si bien realizó una mediación política legítima en el ejercicio de su actividad internacional. Para sostener la línea de la acusación, la UDEF aporta conversaciones y mensajes intervenidos a directivos e intermediarios de la aerolínea, elementos a los que se suman transferencias económicas a sociedades de su entorno, agendas y documentos de su despacho, un supuesto pago de 200.000 euros por gestiones ante el Gobierno de Bolivia –que el expresidente niega– y una pieza separada sobre el origen de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros aparecidas en la caja fuerte de su despacho. De terminar acreditándose judicialmente esta trama, resultaría sorprendente que un expresidente hubiera actuado de una forma tan expuesta y burda.

Por otro lado, la hipótesis de la instrucción viciada se apoya en los argumentos de la defensa, que sostiene que parte de las conversaciones y mensajes clave utilizados por la Udef fueron obtenidos o analizados de forma ilícita. Esta otra hipótesis tampoco es menor. La historia reciente demuestra que las llamadas cloacas del Estado han operado en ocasiones al margen de la legalidad para influir en la vida política. Ese precedente obliga a analizar este caso con la misma prudencia con la que deben valorarse los indicios de corrupción. Pero cuando una sociedad ya no sabe si está ante un caso de corrupción o ante una operación de las cloacas del Estado, lo que realmente se resquebraja es la confianza en las instituciones.