Mañana son las elecciones a ayuntamientos, autonómicas y al Parlamento UE, y millones de personas verán limitados sus derechos porque no pueden votar. A las municipales, 3.686 de diferentes países, con los que España tiene consolidado el acuerdo de reprocidad, podrán ejercer el derecho a voto activo, pero no el pasivo, a saber el derecho de votar pero no a ser elegido. En las elecciones al Parlamento Europeo podrán votar los ciudadanos de la UE que así lo hayan manifestado aquí o en sus países de origen y en las elecciones al Parlamento navarro, solo pueden hacerlo los y las españolas. Por ello unas 45.000 personas mayores de edad que en Navarra viven pagan sus impuestos pero, como no son españoles, están excluidas del derecho a voto.

Hoy varios millones de personas, aproximadamente el 10% de la población está sometida a una exclusión jurídica, formando categorías en las que la ciudadanía se reconoce o no, en función de su nacionalidad y de su situación administrativa. Además de estar sometidos a una legislación diferente que recorta sus derechos, como es la Ley de Extranjería, no tienen reconocidos sus derechos políticos en igualdad de condiciones para las próximas elecciones, ello a pesar de que la cuestión migratoria sigue siendo utilizada como arma arrojadiza en las disputas electorales, apostando por medidas más restrictivas, con discursos xenófobos.

Están excluidas del derecho a voto por el artículo 13.2 de la Constitución española. Viven aquí, aquí desarrollan sus proyectos personales, profesionales, están obligados a cumplir todos los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico que rige en la sociedad de la que forman parte, viven atravesados por una ley que les somete a un examen constante, que en ocasiones y durante largos periodos de su vida, los expulsa a los márgenes de la regularidad, tienen que cumplir más obligaciones por el hecho de ser extranjeros, pero tienen menos derechos.

Mantener esta situación discriminatoria y excluyente fomenta la fractura social, vulnera el principio de igualdad de derechos, liga el derecho a la nacionalidad y no a la residencia.

Hacemos un llamamiento a la sociedad para que exija a sus diferentes representantes políticos que se tomen urgentemente las medidas necesarias para reconocer en toda su plenitud los derechos políticos a toda la población extranjera, haciendo que el concepto de residencia se equipare al de nacionalidad, a todos los efectos y, por lo tanto, se les reconozca a las personas residentes el derecho al sufragio activo y pasivo.

Asimismo exigimos a los partidos políticos, tanto de ámbito autonómico como estatal, su firme compromiso de modificar el artículo 13,2 de la Constitución que mantiene esta discriminación, reclamamos el reconocimiento de derecho a voto activo y pasivo.

Firman esta carta: Javier Urroz (Papeles Derechos Denontzat) y Beatriz Villahizan (SOS Racismo Navarra)