una de las últimas decisiones del Gobierno saliente de Navarra ha sido firmar un acuerdo con UGT, CCOO y CEN para financiar con 400.000 euros los llamados Delegados Territoriales de Prevención (DTP). Se trata de una asignación directa para estas organizaciones sin necesidad de ningún concurso público. No es algo nuevo, los Gobiernos de UPN-PSN dentro del llamado diálogo social financiaron durante años a estas organizaciones por medio de planes, programas y convenios nominativos con un coste presupuestario de 22 millones de euros anuales.
Una política que consistía en convertir a UGT y CCOO en ventanillas de la Administración y subcontratar la concesión de viviendas de protección oficial, los cursos de formación, la atención a las personas inmigrantes o la propia salud laboral. ELA felicitó al Gobierno cuando dejó sin financiación los diferentes programas que servían como excusa para financiar a UGT y CCOO, porque fue un paso adelante en la democratización de la sociedad navarra.
La Cámara de Comptos cuestionó esta manera de proceder (en concreto los llamados planes de empleo y la formación) y la denuncia de ELA llevó a conocer que más de 170 personas de estos dos sindicatos cobraban parcial o totalmente sus nóminas directamente del Gobierno.
Tomando en cuenta estos antecedentes resulta muy preocupante que la última decisión del Gobierno de Uxue Barkos y Manu Aierdi sea recuperar la fórmula de la sobre-financiación a sindicatos y patronal, es decir, volver a subvencionar con 400.000 las nóminas de la plantilla de estos sindicatos subcontratando una tarea (vigilancia de la salud laboral) que corresponde a la Administración.
Es un hecho inaceptable en términos incluso éticos y muy preocupante en su lectura política.
Hay que recordar que detrás de la siniestralidad laboral se encuentra la precariedad, trabajar con miedo a perder el empleo, la falta de formación, la temporalidad, la falta de recursos preventivos? En definitiva, una decisión patronal de no invertir en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Por ello, para ELA la solución pasa porque la Administración navarra contrate directamente más personal que permita inspeccionar adecuadamente las empresas y asegurar que se cumplen las medidas de prevención.
Sin embargo la forma en la que se ha configurado a las y los DTP demuestra claramente cual será el objetivo. Por si pudiera haber alguna duda, la patronal CEN se ha asegurado que antes de permitir que estas figuras (liberados de UGT y CCOO) inspeccionen alguna empresa, primero debe haber permiso de la patronal, es decir, se ofrece a los “delincuentes” la oportunidad de entregarse voluntariamente? ¡Todo un logro sindical! Esa premisa demuestra a las claras que la prevención es solo una excusa para financiar a estos sindicatos.
La lectura política trasciende al acuerdo de los DTP. Hay que preguntarse por qué este Gobierno recupera ahora la política de subvenciones para estas organizaciones.
Posiblemente la respuesta pase por las conversaciones que estos días tienen lugar entre PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E para conformar gobierno y lograr un acuerdo programático. Esto supondría que la decisión del gobierno y en particular de Geroa Bai va encaminada a facilitar los acuerdos con el PSN y que dentro de los puntos a tratar se encuentra la vuelta a un modelo que ya creíamos superado, el del mal llamado diálogo social donde toda la ciudadanía volvería a pagar las nominas de UGT, CCOO y CEN. Por cierto y más allá del Gobierno; hay que recordar que los 400.000 euros con los que se subvencionarán los DTP no han salido de la nada. Se trata de una partida de los Presupuestos Generales de Navarra aprobada por todos los partidos del cuatripartito.
Con todo esto, ELA cree que hay razones para alertar sobre acuerdos que pretendan acomodar desde las políticas públicas a una parte de los actores e intereses del régimen. A nadie se le escapa que la “reinauguración del diálogo social esta encima de la mesa”. Falta por ver hasta dónde están dispuestos a llegar Geroa Bai y aquellos que estos días comparten negociaciones con el PSN.
El autor es coordinador de ELA Nafarroa
