la carta del día

Europa empieza en los Pirineos

10.02.2020 | 00:16

a lo largo de los últimos años, no hemos dejado de escuchar, desde las instancias del poder español, la siguiente afirmación: "El soberanismo catalán quiere construir nuevos estados y fronteras en el momento en que los procesos de integración en estructuras supranacionales, como la Unión Europea especialmente, es el signo del tiempo".

Resulta sobrecogedor cotejar estas afirmaciones con la realidad del Estado español y sus estructuras de poder, que niega informes de la ONU sobre los presos políticos catalanes, o que ningunea las decisiones tomadas por organismo jurisdiccionales transfronterizos, cuando esto cuestiona la justicia patria.

El último caso ha sido la decisión por parte del Tribunal Supremo español de negar a Oriol Junqueras el derecho a ser parlamentario. Para acceder a esta condición hacían falta tres condiciones; salir escogido por los ciudadanos, jurar o prometer la Constitución del Estado que correspondiera y tomar posesión del acta de diputado.

Dado que la lista de Oriol Junqueras había sacado más de un millón de votos, la primera parte quedaba cubierta. Para la segunda, el preso todavía no sentenciado (continúa en prisión preventiva), pidió permiso al Tribunal Supremo que lo juzga para ir a jurar la Constitución española al Parlamento español, y cumplir así la segunda de las condiciones. La respuesta fue no. Según los jueces, esto pondría en irreversible peligro las finalidades del proceso, puesto que implicaría la pérdida del control jurisdiccional sobre la medida cautelar que le afecta y esto desde el instante mismo que el acusado abandonara el territorio español, para coger el acta de diputado europeo que, con todos los derechos intactos, había ganado democráticamente.

Fíjense que el peligro no es que dejara de estar sometido a control judicial, sino que esta justicia estaría dictada en el marco de la Unión Europea. ¿Qué les da miedo? ¿Que queden patentes la falta de garantías en el Estado español? ¿Que llegado el caso se le juzgue por sus hechos, y no por sus ideas? ¿Que los testigos de la Fiscalía no puedan mentir con el visto bueno del tribunal, como ha pasado a lo largo de la farsa de juicio en España?

El recurso retórico a la Unión Europea ha sido un argumento arrojadizo contra el independentismo catalán. Pero cuando tiene que hacerse efectivo, es el Estado español quién lo aparta.