Cada vez más claroscuros en el poder judicial español, demasiada influencia de los partidos políticos en sus decisiones.
Por todos es conocida la lentitud con que actúa el poder judicial español, parece que está completamente saturado. Sin embargo, durante mucho tiempo la ciudadanía no fue consciente de la gran influencia de los partidos políticos en los más altos órganos judiciales, entre otras sentencias quiero resaltar las siguientes.
En su día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el céntimo sanitario, el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad vulnera la legislación comunitaria.
Recientemente, una sentencia polémica y su rectificación repentina por parte del Tribunal Supremo causó una gran indignación. En principio, se adoptó la decisión que los gastos del Registro de la Propiedad para los contratos hipotecarios debían correr a cargo de los bancos, y poco después se corrigió la decisión en sentido contrario.
De este modo, los bancos se ahorraron la devolución de las cantidades abonadas por sus clientes, que ascendían a varios miles de millones de euros. In dubio pro banco (ante la duda, a favor del banco) ironizan los medios de comunicación. “Con este veredicto damos la impresión de estar bailando al son que nos marcan los bancos”, admitió Nicolás Maurandi, uno de los 28 jueces del Tribunal Supremo.
Las hipotecas al IRPH: otra corrección al Supremo. La sentencia en la que el Supremo dijo que el IRPH no podía considerarse abusivo.
En su último informe, el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), una organización dependiente del Consejo de Europa, criticó duramente la interferencia política y la opacidad en el sistema de nombramiento de los jueces españoles.
Recomendaron que al menos la mitad de los jueces sean elegidos por sus colegas y no por el Congreso de los Diputados o el Senado. Se consideraba que esta desafortunada práctica había llegado ya hasta las provincias de España y que necesitaba ser corregida urgentemente.
Cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional, que se ocupa de las cuestiones legales más delicadas, son nombrados por el Parlamento, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno, y únicamente dos por el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo vuelve a avalar la reforma eléctrica del Gobierno del PP con la que se instauró el recorte a las renovables. Sin embargo, el Tribunal Internacional CIADI condena al Gobierno de España por violación de la legislación.
El CIADI, tribunal internacional, ha dictado el undécimo laudo contra España por los drásticos y retroactivos recortes a las renovables, condenando al Gobierno de España a compensar por los daños generados.
El Tribunal ha resuelto que el demandado violó (es decir el Gobierno de España) su obligación establecida en el Artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía TCE de otorgar a las demandantes trato justo y equitativo. Por ende, el Tribunal ahora debe considerar el estándar apropiado para determinar la compensación adeudada por dicha violación y calcular el monto de dicha compensación.
Asamblea General de las Naciones Unidas: el Artículo 31 dice: Sobre Responsabilidad del Estado de la Comisión establece así que en el caso de violación de un tratado u otro hecho internacionalmente ilícito: 1. El Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. 2. El perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado.
El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia. Después de que ANPIER advirtiera de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, a lo que el Defensor respondió: esta institución considera que por un principio de igualdad material no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países.
¿La justicia española es independiente o dependiente de los gobiernos? Desde mi punto de vista cada día la ciudadanía tiene más dudas y cuestiona cómo sentencian el poder judicial en España y como lo hacen en la Unión Europea o tribunales internacionales, con sentencias en contra del Gobierno de España y a favor de la ciudadanía.
Por todo ello ANPIER solicita seguridad jurídica sí y ahora a todos los partidos políticos cuando se forme nuevo Gobierno, y se incluya en sus agendas resolver la situación de los pequeños productores de energía limpia, como la fotovoltaica, a través de una mesa de negociación, tal y como se aprobó en el Congreso de los Diputados y en la comisión de Energía, por mayoría absoluta, para alcanzar un acuerdo que dé solución a las 60.000 familias, de ellas 9.000 en Navarra.
El autor es vicepresidente de ANPIER. Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables
