Una de las consecuencias del estado de alarma decretado por el Gobierno del Reino de España ha sido la suspensión o cancelación de los viajes que el Imserso organiza para las personas jubiladas y pensionistas. Esta decisión, acertada y lógica dada la situación sanitaria a la que nos enfrentábamos, ha tenido sin embargo unas consecuencias negativas para las cientos de miles de personas afectadas.Esa cancelación de viajes, que las personas afectadas ya habían pagado, se ha producido de tal manera que quienes están teniendo repercusiones económicas son las personas jubiladas y pensionistas. Primero se habló de un 6,20% para gastos de cancelación y finalmente ha sido del 15% o más.Se produce una paradoja y una injusticia, las personas que pagaron sus viajes con la exigida antelación, mínimo 45 días, se ven expoliadas haciéndoseles pagar por una situación que no han generado, en concreto se les cargan unos gastos por una cancelación que ellas no han realizado, sino muy al contrario, porque esa cancelación, a pesar de estar justificada, no la decidieron ellas, sino el Gobierno del Reino de España y el Imserso.Se da otra paradoja, y es que durante el estado de alarma las páginas oficiales han permitido contratar viajes y hacer pagos hasta, por lo menos, el 14 de abril, es decir el expolio se ha mantenido a pesar de que visiones razonables en los entornos sanitarios de que esos viajes no se podrían realizar.Este comportamiento es indignante, como indignante es que este expolio se haya perpetrado sin ninguna o cuasi ninguna repercusión mediática.En resumen, se han expoliado entre veinte y treinta millones de euros a personas pensionistas y jubiladas. Sí, a la gente que cobra una pensión media que no llega a los 900 euros.Todavía están a tiempo de reaccionar y corregir esta injusticia el Imserso y la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030.
