En el último año los tribunales han dictado sentencias en detrimento del euskera, sentencias que vuelven a dejar en evidencia los límites de la Ley del Euskara de 1986 posibilitando, entre otras cosas, que la oferta de euskera en las escuelas infantiles de Pamplona sea testimonial (las plazas de euskara se han reducido del 39% al 11%).Apoyados en esas sentencias, ayuntamientos de la Comarca de Pamplona han renunciado a atender a la ciudadanía en euskara, impidiendo así el derecho a utilizar este idioma en la Administración. Con esa misma intención el Ayuntamiento de Berrioplano ha suprimido el perfil de euskera a 9 plazas de su plantilla orgánica y ha realizado una OPE para cubrir la plaza de secretario sin el perfil de euskara. Asimismo, el Ayuntamiento del Valle de Egüés ha propuesto para la plantilla orgánica de 2020 la desaparición del perfil de euskera en 17 de las 23 plazas con dicho requisito (algo similar a lo que hizo en 2019 anulando la convocatoria de otras 4 plazas).Navarra es el único territorio donde conocer la lengua propia se vende como una discriminación para los que no la conocen. El Gobierno de Urralburu consiguió perpetuar la situación precaria del euskera aprobando la Ley del Euskera de 1986 en la que se estableció la zonificación. Desde aquel Gobierno a hoy se ha llegado tras largos años de gobiernos de UPN, pero también de 4 años del denominado Gobierno del cambio, al cual le parecía mucho cambio una nueva Ley del Euskera y prefirieron realizar modificaciones a la que había. Hace falta una ley del Euskera que facilite el acceso a su conocimiento y su uso, una ley que por fin tenga como objetivo la normalización de la lengua en todos sus ámbitos, y que por fin respete los derechos lingüísticos de todos sus hablantes y de toda la ciudadanía navarra.
