Parece que a algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado después de jubilarse les ataca el síndrome veritatis que les impele a hacer públicas ilegalidades, mentiras y malas prácticas que se les han exigido al ocupar sus cargos en defensa del Estado. El comisario Enrique Pamiés, Lleida, que acaba de jubilarse de su cargo de jefe de la Policía en el País Vasco, en una entrevista presentando el libro Cómo luché contra ETA escrito por Pablo Muñoz, reconoce que "es mentira que sólo con el Estado de Derecho se acaba con el terrorismo". Considera un error el cierre de Egin, los papeles de Susper y la operación de Bateragune, entre otras irregularidades. Este reconocimiento supone la ruptura de una línea de defensa desarrollada por Alfredo Rubalcaba acusando a los terroristas de falsas denuncias de torturas en los interrogatorios como estrategia para desacreditarlos ante la opinión pública. Estas manifestaciones de Lleida desmienten la convicción general de la ciudadanía de la escrupulosa legalidad de la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, puesto que dicha práctica la prohíbe la Constitución. Ello pone de manifiesto que al Estado también se le defiende desde las cloacas -González dixit-, sin que los jueces hayan podido descubrirlo a pesar del celo que han puesto. Lleida lo denuncia públicamente una vez jubilado por si pudiera afectarle a la pensión, como a otros por este sorprendente síndrome que ya se ha declarado enfermedad profesional. Ahora Marlaska, Garzón y jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo tienen materia para reflexionar. Cuántos silencios se han llevado muchos al sepulcro por servir a la patria.
