Que los políticos se tomen el cargo como un medio de promoción va de soie, pues tienen un contrato de cuatro años y quieren aprovecharlo. Los directivos de grandes corporaciones y monopolios son diferentes, pues tienen que templar gaitas a los políticos para que legislen a su favor y retribuir a los accionistas de quienes dependen. Aunque es la ciudadanía la que consume y paga. Sin embargo, en el caso de los de las eléctricas parece que no han valorado los límites de su prepotencia porque actúan según su real voluntad, se permiten dar lecciones y hacer de su capa un sayo. Es el caso de Iberdrola: su actitud debería ser denunciada ante los tribunales por desembalsar la casi totalidad de agua del pantano de Ricobayo en época de sequía, propiedad del Estado y que explota la eléctrica.Es caso harto conocida la controversia entre Iberdrola y sus clientes, a los que factura impertérrito a precios abusivos y crecientes, además de provocar una situación difícil de defender entre las poblaciones del entorno. Los argumentos en los que se fundan, aunque sean pretendidamente técnicos, se trata solo de subterfugios a los que las autoridades evitan enfrentarse. El Gobierno e Iberdrola ya pueden decir misa a la hora de defender su postura cuando argumentan que cumplen con las leyes al vaciar Ricobayo y al fijar los precios. Las imágenes de los niveles comparativos del agua embalsada en épocas recientes y los datos técnicos son tozudos: el desembalse es una maniobra diseñada para acumular beneficios menospreciando el interés publico, valores ecológicos o medioambientales. Puede que la habitual posición de dominio de Iberdrola les haya cegado, pero los políticos deberían recordar que tienen elecciones cada cuatro años e Iberdrola arriesga en exceso su imagen reputacional en el mundo financiero. La tecnología y los algoritmos se convierten en irrelevantes para el consumidor en un mercados cuya variable determinante es el precio. No lo olviden quienes les desprecian y les consideran manipulables.