El Departamento de Educación menosprecia al Defensor del Pueblo

Ni que decir tiene que la motivación de dicho envío viene dada por la vital importancia que tiene el incorporar a los currículos escolares estos materiales de memoria, tal y como se reconoce en el artículo 22 de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de “reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”.

Desde el 4 de noviembre de 2019 hasta la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta del Departamento de Educación a nuestra solicitud, a pesar de varias llamadas telefónicas y correos electrónicos remitidos, incluyendo solicitud de entrevistarnos con personal técnico para conocer la situación del trámite administrativo en el que se encuentra la Unidad Didáctica.

Ante lo que consideramos una vulneración del principio de participación ciudadana, del derecho fundamental de petición y la obligación de la Administración de resolver en plazo razonable, con fecha 26 de abril de 2021 presentamos una queja al Defensor del Pueblo, que mereció su atención e intervención.

Verificada la misma, con fecha 24 de septiembre, el Defensor del Pueblo nos remite escrito que dice lo siguiente: “Lamentablemente, leído el contenido del informe del Departamento de Educación, no cabe concluir que se haya adoptado una medida favorable por parte de la Administración”. “A la vista de esta respuesta, no me queda más remedio que poner fin a mi intervención en este asunto, reconociendo que no hemos podido alcanzar una solución favorable a lo confiado por usted”. “En cualquier caso le transmito mi disgusto porque la Administración no haya adoptado una actitud más favorable respecto a su queja y al recordatorio de deberes legales formulado”.

Esta resolución del Defensor del Pueblo de cerrar su intervención sin haber obtenido una respuesta positiva de la Administración es anterior a la entrada en vigor de la Ley Foral 15/2021, en la que se añade un artículo 29 bis a la Ley del Defensor del Pueblo. Mediante esta modificación de la ley se puede imponer multas coercitivas de 1.500 euros a las Administraciones o entidades responsables, e incluso reiterar la multa cada veinte días hasta el cumplimiento íntegro de lo requerido.

Hubiese sido chocante que el primer caso en el que se aplicasen estas multas no fuera a un alcalde recalcitrante, sino al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Se han librado por los pelos, pues el citado artículo 29 bis entró en vigor en fecha 1 de octubre, y el escrito del Defensor del Pueblo dando fin a su intervención sin éxito es de 24 de septiembre.

A pesar de todo, y lamentando que ni siquiera la intervención del Defensor del Pueblo haya podido conseguir que el Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra dé una respuesta clara y precisa sobre los plazos y estado actual de nuestra propuesta, seguiremos insistiendo en el derecho que como cualquier entidad administrada tenemos a obtenerla.

Consideramos, además, que la demora y el tapón impuesto a nuestra propuesta de Unidad Didáctica (presentada en 2019), carece de todo sentido y resulta arbitraria, pues el programa de Escuelas con Memoria ya existe y funciona; basta con entrar en la página web de la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos para ver cómo en la programación para el curso 2020-2021 se incluyen diversas unidades didácticas.

Por todo ello, seguiremos luchando para que materiales como los referentes a los sucesos ocurridos en julio de 1978, se incluyan en los currículos educativos, contribuyendo, de esta manera, en la formación de las nuevas generaciones.

Participan en la Iniciativa Popular Sanfermines 78: Gogoan Herri Ekimena