La aplicación por el Gobierno central del recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución que señala que “el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA”, ha supuesto de facto el vaciar de contenido las competencias legislativas de la Cámara foral.

Dichas medidas constrictivas estarían convirtiendo a Navarra en un autogobierno devaluado, enconsertado y sometido a los dictados del Gobierno central o Tribunal de turno y de lo que sería paradigma las últimas decisiones del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN).

Así, el citado tribunal, a instancias de Navarra Suma, sentenció que “en el Ayuntamiento de Ansoáin el euskera no puntúe como mérito en aquellos puestos en los que no es requisito y que puede ser mérito en determinados puestos de trabajo en los que es razonable y proporcionado”. Asimismo, el TAN anuló la exigencia de conocimiento de euskera en la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Zizur Mayor para los puestos de secretaría, técnico de juventud y operario de obras estimando que “los puestos bilingües deben establecerse con arreglo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. 

Sin embargo, el TAN habría obviado que para incontables puestos de la Administración navarra se consideran méritos el inglés, el alemán y el francés, como “conocimientos generales” y sin necesidad de realizar ningún análisis específico del puesto de trabajo, por lo que cabe deducir que dichas sentencias del TAN serían “decisiones ideológicas”.

Por su parte, María Chivite se habría limitado a acatar dichas resoluciones pues tanto el PSN como UPN darían prioridad al inglés frente al euskera y no dudarán en impedir la expansión de la cartografía del euskera con el objetivo confeso de disputarse los votos de los electores de la zona no vascófona, de lo que sería paradigma la reciente negativa del PSN y Navarra Suma a la petición del Ayuntamiento de Mañeru para integrarse en la zona mixta.

En esta tesitura, sólo cabe esperar que tanto Geroa Bai como Contigo-Zurekin, probables socios del nuevo Gobierno de Chivite, insten a la presidenta Chivite a recurrir a la aplicación del Contrafuero por la que “se faculta al Gobierno foral para solicitar su reparación al respecto de ese agravio ante aquellas infracciones que afecten al fuero, leyes, ordenanzas, usos, franquezas, exenciones, libertades y privilegios presuntamente cometidas por el Gobierno central o tribunales de Justicia”.