¿Cómo se le llama a asediar policialmente durante cuatro largos días a los habitantes de un bloque bajo la amenaza de no poder volver a sus viviendas? ¿Cómo se le llama a no dejar subir comida y medicamentos a una madre con menores? ¿Cómo se le llama a cambiar la cerradura de cuatro viviendas sin procedimiento judicial, a sabiendas de que ahí vive gente?
El “asedio de Jarauta” (12/11/2023 - 16/11/2023) pasará a las páginas de la historia de esta ciudad como la viva muestra de hasta dónde puede llegar la institución pública para defender la propiedad sobre la vivienda, aun a costa de vulnerar los derechos más básicos de aquellas personas por las que dice velar. Pero también como un ejemplo de que la solidaridad y la organización pueden dar batalla hasta a un rival mucho más poderoso. Por otra parte, quién nos iba a decir que íbamos a ver al Ayuntamiento de Pamplona actuar como una empresa de desocupación. Se han limitado a gestionar este tema de cara a no manchar su imagen: su principal problema era “quitarse de encima” a la madre soltera con menores que aún seguía dentro. Tras 5 años en que nadie se acordó de ella, este miércoles le ofrecieron una alternativa temporal, que aceptó, eso sí, bajo la amenaza de allanar su morada y retirarle la custodia. Una vez resuelto el problema que supondría la imagen de desahuciar directamente a una familia, este jueves terminaron de desahuciar las últimas viviendas ocupadas en el bloque. Otra familia que vivía en uno de los pisos, no tuvo “la suerte” de encontrarse dentro de casa cuando establecieron el control de acceso ilegal: no han podido volver a acceder a su casa y siguen sin acordarse de ellos.
La concejala de Urbanismo y Vivienda, Izaskun Zozaya, es la principal responsable de esta actuación. Todavía no ha dicho nada al respecto y nadie le pide responsabilidades. Parece que a algunos les sale gratis saltarse su propia ley.
*Sindicato de Vivienda Pamplona y Comarca
