Cuando miras en Wikipedia qué significa “ciudadano de segunda”, dice así: “Aquella persona que es discriminada dentro de un Estado a pesar de contar formalmente con derechos dentro de este Estado”. Así me sentí yo el viernes pasado.
Pasando por la plaza de Baluarte con mi hijo, un chico con una discapacidad y usuario de las plazas de movilidad reducida, observé que dichas plazas en las cercanías del Baluarte estaban ocupadas por las furgonetas de la organización de la reunión ministerial de Igualdad que se celebraba ese día. Pregunté a Policía Municipal, que estaba por allí, y me confirmaron que se había autorizado el uso de dichas plazas para tareas de carga y descarga.
¿De verdad alguien ha dado orden de usar todas las P.M.R? ¿Todas? Y no es que hayan habilitado otras en su lugar, no, directamente se las han agenciado sin dar a los usuarios otra alternativa.
No contentos con eso, las plazas de P.M.R. más cercanas, las de la Estación de Autobuses, estaban usadas por gente esperando a los pasajeros sin que Policía Municipal, al menos en el momento en que nosotros pasamos por allí, les dijera nada, y eso que había dos furgonetas al lado de dichas plazas.
Esta carta va para aquellas personas del Ayuntamiento que autorizaron ese día el uso de las P.M.R, para aquellos policías que no hicieron su trabajo y para desahogarme, porque me sentí ciudadana de segunda teniendo que irme del lugar sin poder aparcar porque alguien había decidido que mi hijo no tenía derechos ese día (como suele ser, por cierto, cuando se celebra una carrera o un acto de cualquier tipo).
Está claro que la igualdad que promueve el Ministerio de Igualdad no debe incluir a las personas con movilidad reducida. Ese día a mi hijo le quitaron sus derechos.
Muchas gracias a quién corresponda.
