El pasado 13 de abril, el Tribunal Administrativo de Navarra dictó una resolución que debería hacernos reflexionar a todos los y las vecinas de los pueblos pequeños. Ha anulado la adjudicación del comunal de Yesa aprobada el 26 de junio de 2025 a favor del padre del alcalde, Roberto Martínez Luyando. No por una cuestión política, sino por tres motivos de puro sentido común y legalidad.
Primero, porque el alcalde votó -o dirigió la votación- cuando la ley le obligaba a abstenerse por ser hijo del beneficiario.
Segundo, porque la ordenanza dice que es el Ayuntamiento quien debe tramitar las solicitudes y el Ayuntamiento somos también nuestro grupo, Yesa Avanza. Aquí, el equipo de gobierno se inventó una comisión de dos concejales del mismo grupo del alcalde, dejando fuera a nuestro grupo. Transparencia cero.
Y tercero, porque el canon se quedó en 4,50 € por robada, como en 2015, cuando la norma exige subirlo cada año con el IPC. Un acuerdo de Pleno no puede cambiar una ordenanza sin tramitarla.
Ni el Tribunal ni nosotras entramos en si el adjudicatario merecía o no el comunal. Solo decimos que las reglas del juego son para todos y hay que cumplirlas. Por eso el Tribunal Administrativo anula el acuerdo y obliga a empezar de nuevo, con el Pleno al completo y el canon bien calculado.
Los bienes comunales no son herencia ni cortijo. Son de los vecinos y se gestionan con transparencia. Cuando se retuercen las normas para que siempre gane el mismo, perdemos todos. Y cuando un tribunal lo recuerda, ganamos todos.
Esperamos que en Yesa -y en cualquier otro pueblo- se tome nota: la ley no es un estorbo, es la garantía de que lo común siga siendo común.
