El pasado 3 de junio la especialista de Otorrinolaringología Pediátrica dio el alta a mi hija de tres años y medio. Apenas tres días después, el 6 de junio, volvió a sufrir una perforación bilateral de tímpanos. Era la decimotercera vez que ocurría.
Como madre, me cuesta comprender esta decisión. Mi hija acumula un largo historial de problemas otológicos: once perforaciones previas, una intervención para colocar drenajes en junio de 2025 que rechazó en pocas semanas, nuevos episodios posteriores y tratamientos prolongados para las vegetaciones. A pesar de ello, se consideró que podía recibir el alta.
Más allá de un caso concreto, esta situación me lleva a plantear una reflexión. Muchas familias tenemos la sensación de que la presión asistencial y las listas de espera en la sanidad pública están condicionando el seguimiento de algunos pacientes. Cuando se trata de menores que aún están en pleno desarrollo, la prudencia médica debería ser máxima.
No cuestiono la profesionalidad de nadie, pero sí creo legítimo preguntar cómo es posible que una niña con este historial reciba el alta y, tan solo tres días después, vuelva a padecer un episodio tan grave.
La sanidad pública es uno de los bienes más valiosos que tenemos. Precisamente por eso debemos exigir que los niños y niñas con patologías recurrentes reciban el seguimiento y la atención que necesitan.
