El problema de la vivienda en Navarra y en el Estado español no es un accidente de mercado ni una consecuencia inevitable de la oferta y la demanda. Es el resultado de décadas de políticas neoliberales que han despojado a la vivienda de su función social para convertirla en un activo financiero más, sometido a la lógica de la especulación y la extracción de renta. Señalar al pequeño rentista -al pensionista que alquila una segunda vivienda para complementar su jubilación- resulta cómodo y visualmente sencillo, pero desvía la atención del verdadero problema estructural: los grandes tenedores (bancos, fondos buitre e inmobiliarias) que acumulan edificios enteros, mantienen más de 15.000 viviendas vacías en Navarra, mientras el alquiler se dispara un 68% en diez años, y se adueñan de más de la mitad del salario de millones de inquilinos.
La comparación con el feudalismo no es una hipérbole. Cuando un inquilino trabaja una semana entera para que el propietario cobre su renta sin producir nada a cambio, nos encontramos ante una relación de extracción que recuerda a los vasallajes medievales. La diferencia es que ahora los contratos son temporales, el señor feudal no tiene rostro visible y, si lo tiene, se oculta en grandes corporaciones. El sistema se ha naturalizado hasta el punto de que muchos lo aceptan como lo que hay, como cuando se naturalizaba, no hace mucho, el esclavismo o la negación de los derechos de las mujeres.
No se trata de demonizar al pequeño rentista, ni de negar el derecho a la propiedad privada. Se trata de desactivar un sistema que ha convertido un derecho humano básico -el acceso a una vivienda digna- en una máquina de extracción de salarios. Porque cuando una familia joven destina la mitad de su sueldo a pagar un techo, no es que haya poca oferta o mucha demanda, es que el modelo está diseñado para que el rentista gane y el inquilino pierda.
Frente a este panorama, las soluciones parciales o simbólicas no bastan. Si queremos romper este feudalismo moderno, necesitamos medidas valientes y estructurales: multiplicar el parque público de vivienda (actualmente inferior al 1,5% del total en Navarra, frente al 9% de media europea), gravar la vivienda vacía en manos de grandes propietarios y regular el alquiler turístico que expulsa a los residentes de sus propios barrios. Porque este feudalismo inmobiliario, en una sociedad realmente democrática, debe y debería ser inaceptable.
*El autor es afiliado a CCOO
