Pagar o no pagar

EL Gobierno aprueba reponer el Impuesto sobre el Patrimonio a partir de los 700.000 euros. Una facción de la derecha lo considera un abuso, y si no habla de bolchevismo es porque tal vez nadie sepa ya qué es tal cosa. Se las dan de proteccionistas, quieren proteger a las clases medias (en plural) y hasta hablan de que esa medida es un freno al ahorro y a su estímulo, y acusan a este crepuscular gobierno socialista (y más crepuscular partido) de ser populista y de buscar con esa medida no dinero en efectivo, sino el voto de las clases populares, el de los paganos de la gran farra.

Lo cierto es que con el sistema bancario y financiero que hubo en los años gloriosos que precedieron a la crisis no era difícil alcanzar esa cifra de patrimonio, cuando menos inmobiliario, para las rentas más sólidas. ¡A lo loco, a lo loco, especulando se vive mejor! Pero hay que desengañarse: en España no hay ricos, nadie gana, nadie tiene o son muy pocos..., y ya veremos quién acaba de verdad pagando.

No hay mejor estímulo para el ahorro que el cierre del grifo del gasto: los créditos. No hay posibilidad de gasto y la deuda por compra de bienes inmuebles (tanto los necesarios como los adquiridos con vistas a la especulación) se ha visto muy mermada.

Por su parte, uno de los indiscutibles amos del país, Botín, se rebela, y con la autoridad que da el presidir uno de los bancos más poderosos del mundo, el entramado Santander, dice: "Lo he dicho una vez y lo repito. Me parece que está muy mal que se vuelva a poner". Él sabrá, porque sabe mucho de finanzas, tanto que ya ha tenido que acudir varias veces a los juzgados a aclarar asuntos relacionados tanto con su patrimonio como con sus manejos financieros. Le asisten importantes despachos de abogados, y si no está por encima de los jueces, al menos el público se pregunta por qué lo citan y por qué sale de rositas.

Botín no podía decir lo contrario porque no encaja en su papel. Él representa a una casta financiera que se niega a pagar y quiere seguir acumulando beneficios, bien a costa de los particulares, bien a la de los gobiernos que tienen la obligación de enjuagar sus precariedades.

Hace un par de años, no más, se hizo público el hallazgo de una masiva fuga de capitales a Suiza. Constaban los nombres de los titulares de las cuentas y los importes. ¿Es secreto de Estado? ¿Ha protegido el Gobierno socialista las conductas antisociales?

La medida adoptada por el Gobierno se hace pública en un momento en que también se han hecho públicos los patrimonios de los profesionales de la política, de algunos profesionales para ser exactos. Parecen mentira, pero son reales. Millonarios, y no ya por lo que puedan cobrar por su actividad parlamentaria, sino por todas la bicocas, sobresueldos, canonjías, consejerías y asesorías que parece que van por fuerza aparejados al cargo oficial. Asombroso.

Y asombroso es que sea precisamente esa gente la que pide a los ciudadanos que se aprieten el cinturón mientras ellos tejen una tupida y sólida red de deudos y favores debidos... Todo lo que se diga es poco. Son una nueva casta social, privilegiada e indesmontable porque va a más, porque se ha instalado con voluntad de permanencia, blindada a las contingencias de la crisis. Sus excesos y despilfarros dan vahídos.

Hablan de catástrofe en cascada, pero cuando lees la letra pequeña, la letra a secas, te das cuenta de que hablan de los mercados financieros, no de ti, no de tu vida cada vez más cara y de tu trabajo en peligro.

Si no tuviésemos la posibilidad de hacer algo de demagogia, nos veríamos obligados a aplaudir sin descanso, a bajar esos brazos que González ve ya muy caídos (porque igual no ha visto la cara de Jiménez cuando al navarro le dicen que su socio de gobierno lo es también del PP) y a callar, pero por el momento podemos ejercer un rato de populistas, de demagogos, de descamisados y hasta de apocalípticos con permiso del intelectual tan de guardia como orgánico que habla desde el púlpito de su cuenta corriente repleta. Ésa es ya la única perspectiva válida: la propia cuenta corriente. Quítele usted el trabajo y verá lo que vocea el bandarra.

Entre tanto la juez Murillo ha condenado a penas de cárcel a Otegi y a los suyos. Fuertes penas de cárcel que criminalizan a la izquierda abertzale más que como deudora de ETA, como parte de la organización, como su dirección incluso. Las penas de cárcel impuestas son muy duras y no hace falta ser adivino del porvenir para darse cuenta de que esta sentencia va a comprometer el futuro de Bildu en las instituciones. Justicia y política van, a ratos, por caminos distintos, no deberían influirse, pero se influyen.

En esta ocasión, la magistratura puede defender su independencia y decir que una cosa es la política y la apuesta por las vías pacíficas por parte de Otegi y los suyos, y otra los hechos probados (un exhaustivo seguimiento policial y político de los encausados) que, con arreglo a la legislación vigente, son constitutivos de delito y no pueden quedar impunes. Se diga lo que se diga, ésta es una sentencia política cuyo contexto social es el de un proceso de paz y un regreso de la IA a las instituciones para hacer política.

Por el momento, y a la espera del resultado del recurso ante el Tribunal Supremo, Otegi seguirá en la cárcel apartado de la política, y la petición de legalización de Sortu en globo. Ni siquiera Bildu tiene ya el terreno seguro. Salta a la vista que andan a su caza. Y una victoria electoral del PP, en absoluto descartable, puede endurecer todavía más las cosas. Especular con un comunicado sorpresa por parte de ETA en el que anunciara su disolución es, me temo, hacer política ficción más con lo que se desea que con la realidad, aquí y ahora. La magistratura les acaba de enviar un mensaje muy claro: va a seguir procesando y condenando, al margen de procesos de paz y declaraciones de intenciones, en una línea que excluye cualquier final negociado. Hay mucha gente en el callejón sin salida de la cárcel, con largas condenas... y a este paso va a seguir entrando.