fortaleza ante los más débiles. La consejera de Política Social, Elena Torres, quiere meter en cintura a los perceptores de renta básica, ahora llamada de inclusión social. La reforma legislativa, compartida por UPN y PSN y apoyada por el PP -la beneficencia de la derecha y la solidaridad de la izquierda, extraños compañeros de cama-, hila fino en la calificación de "unidades familiares en situación de exclusión social", penaliza el fraude en los requisitos, y obliga a formarse y participar en actividades de cooperación, servicios de voluntariado y acciones en beneficio de la sociedad. La intención de afinar en la justicia de las concesiones de esta renta "complementaria y subsidiaria" -con elusión de la desidia laboral, de la picaresca, y del oportunismo trashumante- parece loable. Es dinero público. Pero se estrecha la norma cuando se ensancha la demanda. La consejera tiene mirada más amplia para colocar afines. El poder se otorga márgenes legales para la colocación (abundancia de libres designaciones) y para la contratación directa (como la de Roberto Jiménez con un hijo de Maite Esporrin), pero los aprieta cuando se trata de desfavorecidos esenciales o coyunturales. La crisis económica -consecuencia de una codicia capitalista desregulada y humanamente contagiosa- ha multiplicado el número de parados con subsidio de desempleo agotado; de desahuciados; de unidades familiares socialmente integradas, pero endeudadas y, de repente, privadas de ingresos. Esta reforma legal certifica la distancia entre los despachos y la calle, entre el calor de la prebenda y el frío de la desprotección. Ningún agente social especializado ha avalado el cambio normativo. Les ha erizado la indignación. Oídos sordos a interlocutores cualificados. En su retraso en pagos, la consejería tuvo que ser financiada por Cáritas, y algunas ayudas a la dependencia han llegado tras la defunción de la persona dependiente. De sonrojo para Torres, aunque no lo sienta o el artista no lo retrate. La medida emprendida por Elena Torres -en cuyo departamento foral (Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud) cohabitan la austeridad en el subsidio social con el déficit programado del Circuito de Los Arcos y la ostentación del pabellón multiusos Reyno de Navarra Arena- es inoportuna en el tiempo e injusta en la comparación. La exigencia de rigor en la protección de los más débiles tendría que haber sido posterior a la persecución eficiente del fraude fiscal, de los privilegios fiscales de las grandes fortunas, del despilfarro en el gasto público, de la eficiencia administrativa, de las subvenciones clientelares, de las retribuciones políticas excesivas y opacas. La casa del rigor en el control del gasto público hay que empezarla por el tejado.
