Estos días pasados, aquí en La Paz, hubo muchos bloqueos de calles, tantos como volverá a haber la semana que viene o la otra, o qué más da. El bloqueo es una forma de manifestar la libertad de expresión que, según he leído a una columnista de derechas, es un derecho supremo que está muy por encima del bien común. Las calles se cortan de manera que nadie pasa, tenga la necesidad que tenga. Cualquier motivo es bueno, haya o no negociaciones de por medio. La derecha apoya todo lo que pueda perjudicar al gobierno y jamás toleraría si fuera ella la que gobernara, por eso se ha vuelto, por ese arte de birlibirloque, ecologista e indigenista. Casualmente, es lo mismo que sucede con el turista de la política: aplaude arbitrariedades bolivianas que jamás toleraría en su casa, y se toma en serio, con auténtica reverencia, asuntos de los que en su propia tierra hace burla.
Uno de los bloqueos de esta semana ha sido el de la huelga de hambre protagonizada por los familiares de desaparecidos de la última dictadura que han acampado en plena calle frente al Ministerio de Justicia. Los familiares reclaman varias cosas: las indemnizaciones previstas en la ley para las víctimas de las dictaduras -torturados, prisioneros, asesinados, desaparecidos-; el acceso práctico, no nominal, a los archivos militares y el lugar donde se encuentran los restos de sus familiares asesinados.
Y en este caso casi toda la gente con la que he hablado le da la razón al gobierno que se muestra reacio a la apertura franca de esos archivos y a colaborar de manera eficaz en la localización y entrega de los restos de los asesinados, algunos de ellos de mucho nombre. "¡Qué papeles va a haber... Andá y que dejen de joder..." es algo que he oído demasiado estos días como para no pensar que el clima social no es favorable a esos elementales actos de justicia. Incluso el presidente se ha referido a los militares como que actuaban en obediencia debida.
Las víctimas, de aquí y de allá, de todas partes, molestan, estropean el paisaje, por eso hay que pasar página, hay que olvidar, hay que justificar, hay que imponer una historia. El presente raras veces cuenta con ellas, como no sea para utilizarlas en beneficio de las políticas del día.
Si el asunto no fuera de rabiosa actualidad, perdón, de palpitante (y es que si pongo "rabiosa", entonces soy guerracivilista y repico llamando al rencor y a la venganza), no lo traería a esta página, pero el caso es que esa huelga de hambre que ya veo protagonizada por segunda vez por las mismas personas, me ha recordado los esfuerzos muchas veces vanos de la gente de allá que durante décadas ha ignorado dónde estaban enterrados sus deudos, ha tenido que callar lo visto y escuchado de primera mano, o ha visto cerrado el paso a los archivos militares en tiempo hábil, cuando todavía la información que en ellos se contiene podía ayudar a obtener algo de justicia, ese poco de justicia que consiste en cuando menos saber lo que sucedió, rescatar los hechos del limbo del olvido impuesto, escondidos detrás de una historia oficial que los negaba.
Cuando di cuenta de estos hechos (en mi blog Vivir de buena gana), alguien me comentó que eso mismo podía haberse hecho en España, país donde durante décadas se ha impedido el libre acceso a los archivos militares concernientes a los crímenes cometidos durante la guerra civil y en su posguerra, tanto de manera administrativa como judicial. Hay que tener en cuenta que con ley de Memoria Histórica o sin ella, todavía se niega e impide cualquier revisión de los procesos militares en los que los condenados disfrutaron de una absoluta indefensión. Pero no, una huelga de hambre de víctimas de la dictadura y de sus herederos en un lugar público y callejero que interrumpiera el tráfico habría sido reprimido a golpes y con medidas judiciales basadas, en el peor de los casos, en el falso testimonio de los testigos de calidad. A las víctimas y a sus herederos les ha costado décadas recibir una ayuda oficial y judicial en su tarea de la recuperación de la memoria y la devolución de la dignidad a los asesinados de manera impune, enterrados de cualquier modo. Ese sí que ha sido un auténtico bloqueo, el de la memoria, el de la palabra, el de la piedad y justicia elementales.
Y por lo que respecta a la documentación que pudiera echar luz sobre el paradero de los asesinados entones, no parece que se haya conservado documentación en manos de quienes se dedicaron a las "limpias" de la retaguardia (en tiempos se habló de destrucción masiva de documentos en la Secretaría General del Movimiento falangista) y ya hace ya un par de años que los forenses que se ocupan de la apertura de fosas comunes advirtieron que se estaba haciendo tarde, no ya para hacer justicia estricta o cuando menos para abrir unas diligencias judiciales, como intentó hacer el juez Garzón, sino para encontrar la localización de los lugares donde están enterradas las víctimas en la medida en que estaban desapareciendo todos los testigos directos e incluso indirectos de aquellos crímenes. Están enterradas o estaban porque en muchos casos y a pesar de haber testigos de referencia, en los lugares donde se suponía que iban a estar los restos, no hay nada: informaciones. Pocas imágenes tan elocuentes como las publicadas en relación a las fosas de Olave y de Lantz. Imágenes de frustración y palabras que hablan de las trastiendas de historias familiares vividas en la soledad y en la incomprensión, en la negativa del menor reconocimiento, en la negativa del derecho a saber. En el segundo lugar sobre todo, se conocía que allí se había fusilado a gente y que los asesinados estaban enterrados entre los árboles. Ya no es cuestión de archivos, sino de testigos y estos están desapareciendo uno detrás de otro para tranquilidad de los que se sienten molestos por este remover de tierras, "en balde", dicen con satisfacción, sin reparar en que ese mismo cavar para no encontrar nada es ya una forma de hacer justicia con las víctimas: durante décadas, ni eso, un auténtico bloqueo. La lucha por la verdad y la justicia de esa gente ha sido muy desigual, demasiado.