Paz y convivencia

el Informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco presentado la semana pasada en Vitoria recoge un total de 1.004 víctimas mortales producidas aquí por el terrorismo y la represión policial. De ellos, la gran mayoría, 837, son responsabilidad de ETA y grupos más menos afines. El resto es cosecha a repartir entre uniformados, parapoliciales y extrema derecha. El informe en cuestión forma parte del borrador del plan Paz y convivencia que presentó también la semana pasada el lehendakari Urkullu a los grupos políticos presentes en el Parlamento Vasco. Sólo UPyD ha manifestado su oposición frontal al mismo. El resto, desde Bildu hasta el PP, pasando por PNV y PSOE, entrarán a debatir su contenido y presentarán sus propuestas. Quizás hasta llegan a puntos de encuentro sobre el tema. Del millar de víctimas mencionadas en el citado informe, medio centenar largo se produjeron en Navarra. Sin embargo, el gobierno de UPN, en este tema, como en tantos otros, ni está ni se le espera. Nadie se imagina a Barcina presentando en el Parlamento foral un documento equiparable al que Urkullu puso el otro día en manos de los parlamentarios de la CAV, y mucho menos expresando una intención, siquiera mínima, de llegar a lecturas o conclusiones comunes al respecto con el resto de las fuerzas políticas. Ni tan siquiera pronunciando en el mismo contexto las palabras paz y convivencia. Cuando Barcina se vaya -que se irá- y UPN pierda el Gobierno -que lo perderá- no solamente nos va a dejar como herencia un territorio arrasado en lo económico. Los que le sigan en la responsabilidad de gobernar van a tener que hacer frente a una interminable lista de asignaturas pendientes entre las que va a destacar la superación de las secuelas de un periodo negro de nuestra historia, la recuperación plena de la convivencia y la reconciliación entre navarros, temas que parecen producir urticaria a la presidenta y a su partido.