El jueves fue el último pleno del Parlamento de la legislatura y se dieron besos y abrazos y esas cosas normales. Algunos se volverán a ver en unos meses en el mismo sitio y otros y otras lo dejan, ya sea después de 4 años o de muchos más, como García Adanero y Catalán (28 años cada uno) o Nuin (20 años). No soy nadie para negar la valía de nadie, ni para negar que ser parlamentario -especialmente en partidos minoritarios y más cuando se está en la oposición- es básico en democracia, al margen luego de algunos resultados puntuales. Pero otros y otras sí se volverán a ver y es ahí a donde quiero llegar. Maiorga Ramírez, por ejemplo, lo más probable es que repita y que su nueva presencia le lleve hasta 2023, con lo que hará 20 años en el Parlamento. Sánchez de Muniain repite también y sumará en 2023 nada menos que 28 años en cargos públicos, 16 en el Ayuntamiento de Pamplona y 12 entre Gobierno y Parlamento. La propia Uxue Barkos sumará en 2023 19 años en cargos públicos políticos, uno menos que los 20 que llevará Maribel García Malo entre consejera y parlamentaria. 16 llevará Sergio Sayas, otros tantos Fermín Alonso si repite como concejal de Pamplona, los mismos que María Chivite, Javier Esparza -sin contar sus 8 años de alcalde de Aoiz- o el mismísimo Txema Mauleón, que entre la labor parlamentaria y la política y el hueco en el que le sitúe IE-Batzarre tras mayo también lleva casi 20 años en el panorama. Sinceramente, sin personalizar y sin que ninguno lo vea como una crítica: es una barbaridad, es la plasmación del legítimo interés político convertido en una profesión al uso en la que se van empalmando puestos, cargos e intereses. Se necesita una ley que limite estas cosas -tampoco es igual empezar a los 25 años que a los 40- para que los ciudadanos creamos más en la política y en quienes seguramente con buena voluntad y en muchos casos acierto la practican.
