Seguridad jurídica: el mantra del Ejecutivo foral. Invocación para templar demandas y calmar cabreos. La plegaria reiterada de la sacerdotisa Chivite. NO a las madres del IRPF. La secretaria general del PSN ha necesitado sentencias judiciales para envainarse su compromiso electoral de violentar una reglamentación que aprobó con UPN y PPN, partidarios exigentes también de saltarse a la torera su propio ordenamiento. El Estado de Derecho puede escribir torcido. Su exigencia a Barkos de una decisión política sobre un imperativo legal fue repetida. El dictamen de los jueces, cataplasma para su chaqueta reversible. Ahora trabaja en la ingeniería política de una “deducción retroactiva”. NO al recurso sobre la sentencia del euskera. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló en parte el decreto regulador del uso del euskera en la Administración. Negó su valoración como mérito en zonas mixta y no vascófona y servicios centrales. Las Ofertas Públicas de Empleo, materia sensible. El acceso a la Función Pública, clave en la controversia. El rechazo parlamentario a los partidarios del recurso (Geroa, Bildu, I-E) hermanó a Navarra Suma y PSN. Podemos, de perfil. La moción de Bildu instaba al recurso en defensa de la “cohesión social y territorial” y los “derechos lingüísticos”. Otra de las votaciones de la moción troceada sublimó la falta de sensibilidad de la derecha colegiada (en contra) y de socialistas y podemitas (abstención). Ese punto emplazaba al Gobierno foral a “adoptar la decisión de no valorar nunca el conocimiento del euskera por debajo del conocimiento de otras lenguas”. Ignominia comparada: las madres navarras no pueden estar por debajo de las del resto del Estado, pero el euskera puede estar por debajo de idiomas de otras culturas. Elocuente. La seguridad jurídica tiene que emanar de la propia elaboración de las leyes. Ponderadas en su concepción, rigurosas en su encaje legal, precisas en sus términos. Respetables.
