arece que las noticias sobre el último escándalo del Emérito llevaban tiempo circulando, pero es ahora cuando su hijo ha decidido establecer su propio cortafuegos antes de que acabara quemándose. Se lo hacen bien estos borbones. Con la que está cayendo, lo que en cualquier otro momento hubiera sido noticia de primera plana pasa a secciones secundarias, y cuentan con que la desazón y el miedo de estos días acabe borrando el recuerdo de este nuevo traspiés del Campechano. Más allá de certificar la veracidad de lo que se iba publicando, pocas consecuencias más tendrá el comunicado de la Casa Real. Con los millones que afloran solo en esta operación, al papá se la suda que le quiten la asignación del Estado, y lo de la renuncia a la herencia es puro postureo del hijo: el Código Civil niega la posibilidad de hacerlo en vida del padre. Aunque, si en el Reino de España el Código Penal no rige para esta familia, ¿por qué va a regir el Civil? La Constitución del 78, al establecer la inviolabilidad del rey, le da una carta blanca que para sí quisiera el jefe de un cártel mejicano. Puede matar, violar, robar o defraudar, que ni tan siquiera va a ser investigado por ello. Sin las espaldas cubiertas por esa anormalidad democrática, el Emérito no hubiera podido dedicarse a enriquecerse por cualquier medio con la desfachatez con que lo ha hecho estos 30 años. Del resto se ha encargado esa vomitiva cuadrilla de pelotas y lavacaras que lo han elevado a los altares desde los medios de comunicación, la élite económica y los partidos constitucionalistas. No hace ni un año que Enrique Maya pretendía volver a colocar su retrato en el salón de plenos de Pamplona. El que fue paladín de la democracia va a acabar sus años como un triste aunque impune mangante. Ayer, PP, PSOE y UPN, a coro, seguían ensalzando las "virtudes" del hijo.