Horrores

El dolo está más que probado en la medida en que el 22 de marzo, el consejero de Política Social de la comunidad madrileña , tras conocer el protocolo para que los hospitales seleccionasen qué ancianos de residencias admitir, escribió al de Sanidad advirtiéndole de manera expresa que de esa manera los enfermos "morirán de forma indigna". Indigna y espantosa. Basta reparar en el número de ancianos fallecidos en sus domicilios o en las residencias infames, y en qué condiciones lo han hecho. Y no solo eso, sino que la advertencia añadía que, en caso de hacerlo, "incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales". Es algo espantoso o lo sería en otro país que no fuera este porque por el momento eso no ha tenido consecuencia alguna, salvo una querella contra Ayuso, remitida al Tribunal Supremo... una entre muchas ya. Es ahora cuando las pruebas documentales de la medida patrocinada por Ayuso y su organización han salido a la luz, pero lo asombroso es que esto se sabía, se apuntaba, se tenían serias sospechas de que se estaba produciendo esa desatención en ancianos, hecha pública por familiares y sanitarios que asistían a los hechos impotentes.

Si esto lo hubiese ordenado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no hubiese hecho falta ni siquiera un golpe blando mediático-judicial, el derribo violento estaba cantado. Y por echar mano de hemeroteca. ¿Era bulo o era una siniestra certeza que el Tribunal Superior de Justicia obligó a la CAM a medicalizar las residencias y que la Comunidad presentó un recurso para no hacerlo? Por preguntar y hacer memoria. Los errores de Ayuso, con sus aviones, sus mascarillas defectuosas, sus contrataciones basura, sus privatizaciones atañen al país entero porque es una forma de hacer política que cuenta con el apoyo de las urnas y de los medios a ella afines.

Por si lo anterior fuera poco, la presidenta de la patronal de residencias ha declarado que "alguien decidió que no había camas de hospital para todo el mundo. Y no había camas porque previamente el PP había diezmado la sanidad pública" Pero la cosa no acaba ahí, sino que ha añadido que en las residencias se suministraba cloruro mórfico a los ancianos sin su consentimiento ni el de sus familiares. ¿Se van a investigar estos hechos? ¿Se van a poner en marcha la Fiscalía, los jueces de instrucción, la policía político-informadora de la Guardia Civil o todo lo anterior va a quedar así, en nada, en barullo y rasgado de lo poco que nos queda de vestiduras?

Y a propósito de informes. Inolvidable el coronel De los Cobos, de la Guadia Civil, y sus andanzas a la sombra de la pandemia en persecución política de vicepresidente Iglesias y en relación a la instrucción de Rodríguez-Medel sobre el 8-M. Importa poco quién filtró ese informe infame sobre la manifestación feminista. Lo que cuenta es que el carácter reservado de los informes pudiese haber inducido a la jueza instructora a tomar decisiones basadas en bulos, tergiversaciones y falsedades notorias y groseras, en perjuicio de políticos de la coalición gobernante. Esto es lo grave y es un alivio de salud pública que se hayan difundido esos informes: secretos como los desvelados no convienen al momento gravísimo que estamos viviendo ni a ninguno, inducen a la más completa inseguridad jurídica. Y tampoco ayuda mucho a esa seguridad el que la Guardia Civil requiriera sin orden judicial a un supermercado la entrega de un vídeo en el que se veía a Iglesias comprando sin mascarilla ¿Con qué propósito, habida cuenta de que no era obligatorio llevarla y ni siquiera eran accesibles para la inmensa mayoría de la población? ¿Intención de dañar al Gobierno? Parece evidente. Hablar de fractura social no es una gollería, ya no. Todos contra todos, en los tribunales y fuera de ellos.