la devaluación patrimonial de Can en más de mil millones de euros y su desvanecimiento como marca financiera resultan de una certeza tan terminante como la inexistencia de culpables a efectos penales -incluso después de que este diario revelase el cobro de sobresueldos secretos-, al menos hasta el momento. Porque a partir justo de mañana podrían empezar a dilucidarse responsabilidades judiciales, bien entendido que se trata de un condicional radicalmente categórico habida cuenta de los antecedentes y de los incontrovertibles medios de prueba que se precisan para una condena. A instancias de la Fiscalía, que persuadió al juez Velasco de que reabriera el caso tras considerar prematuro su archivo, este 8 de octubre comparecen en la Audiencia Nacional los peritos del Banco de España que en julio descartaron irregularidades en la gestión de Can sin responder a la totalidad de las preguntas planteadas sobre inversiones, compraventas, dietas y créditos, así como respecto a los procesos de expansión, contrataciones y prejubilaciones. Para cuando los técnicos del ente supervisor se expliquen ante todas las partes personadas, el juez debiera haber analizado al detalle el informe policial sobre el patrimonio de los gerifaltes de la Caja al objeto de esclarecer si las operaciones objeto de controversia generaron beneficios en los denunciados y en detrimento de la firma, distinguiendo entre una gestión adecuada a la situación económica del momento de, en su caso, una ejecutoria fraudulenta a favor de intereses propios. Desde la premisa de que este procedimiento no constituye una causa general contra la entidad, como enfatiza el Ministerio Público, faltan escasas horas para la traca final de un escándalo Can que tiene su origen en la política de fuegos artificiales desarrollada en aquellos tiempos de vino y rosas, especialmente en beneficio del poder y sus aledaños. Paguen o no sus inspiradores con una condena -la presunción de inocencia nunca ha dejado de asistirles-, el coste ya lo ha asumido solidariamente toda la ciudadanía navarra, privada del instrumento financiero que sustentaba su autogobierno.