La foralidad está garantizada por el ordenamiento jurídico vigente, hasta el punto de que Navarra se incorporó a la estructura constitucional conservando la autonomía financiera consagrada por la Ley Paccionada de 1841, si bien el Amejoramiento entró en vigor en 1982 sin una ratificación expresa en las urnas. Tratándose por añadidura de un método sustentado en la bilateralidad, el rechazo que genera en las comunidades del régimen común jamás se tornará en abolición por ningún inquilino de la Moncloa -también porque redundaría en un clamor soberanista definitivamente incontenible en los territorios forales-, además de que no se antoja extrapolable porque el Estado fenecería si todas las provincias recaudasen la totalidad de los impuestos directos. A partir de estas premisas, el cíclico ataque al Convenio Económico obedece a una doble motivación: una tan burda como la excitación del electorado residente en los graneros de voto de las siglas estatales, con un discurso recentralizador que ya se materializa con los permanentes recursos al Tribunal Constitucional; y otra más sutil, consistente en agitar ese señuelo del supuesto “privilegio” a modo de cortafuegos para los sistemas forales, para que se den por satisfechos con ese rango de autogobierno. Desde la evidencia de que la autogestión tributaria conlleva ventajas, pues posibilita decisiones más eficaces y rápidas -y una mayor capacidad de control-, el Convenio acarrea una responsabilidad intransferible sobre la base de una limitación, que la presión fiscal debe resultar equivalente a la del resto del Estado, y de una servidumbre, que Navarra sufraga los servicios de la Administración central no transferidos -tan cuestionados como la Monarquía o el Ejército- con un índice de imputación del 1,6% calculado con criterios de renta relativa y no de población. A los inquisidores del Fuero se les rebate con una cuenta para niños de bata: la aportación exigida por el Estado a Navarra para 2016 alcanza los 616 millones, casi cien más que hace cinco años, mientras se le consignan sólo 106 de inversión, la segunda menor cuantía tras la asignada a La Rioja.