en la política hay un invento lamentable: los argumentarios. Ningún político de pro sale de casa sin haberse estudiado las respuestas a todas las preguntas que le pueden hacer los periodistas. Los partidos evitan así meteduras de pata o contradicciones entre sus miembros, pero los políticos acaban pareciendo clones o, aún peor, muñecos de ventrílocuo, y da igual entrevistar a uno que a otro porque todos dicen lo mismo. Ojalá en el futuro esos argumentarios se envíen también a los medios, y así políticos y periodistas nos ahorraremos al menos el trabajo de las entrevistas.

Y si no nos convencen los argumentarios bien hechos, imagínense cuando no lo están porque usan razonamientos demagógicos, ilógicos o tramposos: cada vez que a alguien del Gobierno -se lo hemos oído ya a Rajoy, Catalá, Sáenz de Santamaría, Cospedal, Maroto, Casado, Levy y el emergente Maí-llo- le preguntan por el proceso de independencia de Catalunya, suelta la misma frase lapidaria: “Las leyes están para cumplirse”.

Aparte de que las leyes también están para cambiarlas, si resulta que no son útiles o beneficiosas, y aparte de que no son búnkers para refugiarse cuando no se quiere afrontar un problema, lo que resulta insoportable es oír al PP exigir a nadie que cumpla la ley.

El partido financiado por empresas y bancos a cambio de suculentos negocios; podridito de corrupción, de sobresueldos, de dineritos en paraísos fiscales, de cohechos y prevaricaciones (ayer mismo certificaba un juez la última golfada del exministro Soria); imputado por destrucción de pruebas; y con tantos casos aislados que podría poner una tienda, o aplicarle un juez valiente la Ley de Partidos y disolverlo (con agravante para sus dirigentes de pertenencia a banda cleptómana).

Que ese partido -el de Bárcenas, Rato, Granados, Fabra, Matas, el ático de González, el Jaguar de Mato y la Gestapo de Fernández Díaz- diga que las leyes están para cumplirlas es para reír por no llorar, es la quintaesencia del cinismo, es el insulto definitivo.