El informe técnico elaborado por el Gobierno español sobre las causas del apagón masivo sufrido en abril en toda la península con los datos recabados de Red Eléctrica (RE) y las empresas generadoras clarifica algunos extremos pero deja sin despejar otros. Entre los primeros, la explicación técnica de los motivos del apagón es descriptiva de una situación que, se sugiere, podría haberse evitado. Entre los que queda pendiente arrojar luz, los motivos por los que cada agente del sistema no cumplió con la función que se le suponía. Pero, por encima de todo, da paso a la previsible guerra de versiones con la que todos ellos tratan de exculparse señalando a otros. En lo que respecta al gestor del sistema, RE resulta señalada porque el informe entiende que la programación previa del numero de plantas de generación dedicadas a asegurar que no se produjeran problemas de sobretensión, se reveló insuficiente.

La defensa de RE es que las plantas programadas para esa función habrían sido suficientes de haber funcionado correctamente. Es cierto que una de ellas se desconectó la víspera pero también que lo advirtió. Por otro lado, que las restantes no funcionaron correctamente también parece claro, en tanto no pudieron evitar la sobretensión de la red que derivó en apagado. Aquí, las empresas, aunque estén obligadas a una confidencialidad en la información facilitada, deberían facilitar el conocimiento exacto de lo que no se desempeñó según las previsiones y por qué.

En ese sentido, RE se queja amargamente de que no se han dado todos los datos. El cruce de reproches entre los operadores para eludir su cuota de responsabilidad resulta muy poco edificante y, lo que es peor, no genera la confianza en que se prime la colaboración para evitar la repetición del problema, que es lo que los consumidores necesitan. Mientras estos extremos se despejan, hay otro motivo de reflexión que debería atenderse. Al parecer, los primeros incidentes previos al apagón fueron gestionados acorde al protocolo técnico predefinido, pero éste no solo no pudo frenar la caída en cascada del sistema sino que la inercia de su aplicación redundó en precipitarlo: el procedimiento de gestión para evitar el colapso sirvió para acelerarlo. La revisión de ese protocolo es imperiosa y la regulación y aplicación de mecanismos alternativos a los vigentes, también.