Navarra Suma continúa acreditando un cuajo proverbial, en la acepción de desparpajo. Para empezar en cuestiones éticas, como las dietas para engordar retribuciones mediante sociedades municipales o el manoseo partidario de las instituciones, verbigracia la aparición estelar de Casado en la balconada del ayuntamiento pamplonés tratándose de un simple diputado a efectos de representación pública. Y además sin ningún empacho en acusar al PSN de connivencia con EH Bildu cuando su anfitrión Maya recuperó la Alcaldía por la inhibición socialista. El cinismo de Navarra Suma, elevado a la máxima potencia cada vez que instrumentaliza el terrorismo como si el PP no hubiera negociado con ETA y acercado a decenas de presos, se extiende a otros asuntos nucleares. Por ejemplo al jalear la sentencia del TSJN sobre el euskera que también refuta el proceder de los gobiernos de UPN que lo computaron como mérito para acceder al funcionariado y al exigir al Ejecutivo de Chivite la devolución del IRPF de unas prestaciones por maternidad que una ley de Barcina declaró exentas y que los tribunales acaban de dictaminar que no se pueden reembolsar tal cual. Esa obscena desfachatez de Navarra Suma muta en cuajo pero por defecto en el caso del Gobierno foral, algo bisoño en su dificultoso arranque. En el sentido de que resulta contraproducente cargar de razones al antagonista evidenciando de salida discrepancias sensibles en ámbitos de enjundia como el económico y el lingüístico. En materia tributaria, al plantear una supresión del gravamen a los bienes empresariales del Impuesto de Patrimonio que abre las carnes de la izquierda más ortodoxa, imprescindible para aprobar los Presupuestos, tanto como que se destine el superávit a amortizar deuda cuando se acaba de restituir el grado a los empleados públicos en un solo pago reduciendo así a la mitad el remanente de tesorería. Y en lo relativo al euskera, mezclándose la apuesta de la consejera Ollo por impugnar la restrictiva sentencia que asimila la zona mixta a la no vascófona con la sugerencia del vicepresidente Remírez de que mejor no recurrir por seguridad jurídica, más el compromiso de la presidenta Chivite con una zonificación que levanta ampollas en el nacionalismo vasco. Cuánta malicia en el descarado bloque conservador y qué candidez en las tiernas filas progresistas. Más le vale a este Gobierno que vaya afilando el colmillo.