El tema de las basuras es tan árido, llevamos tantos años de retraso y ha sufrido tan pocos avances que ante cualquier debate político en el que se aborden nuevos proyectos entiendo que la gente desconecte. De ahí la importancia de explicar lo que ha ocurrido en esta legislatura en la que por primera vez se ha buscado por fin una solución medioambiental. Sobre todo porque llevamos muchos años sin haber hecho nada y los ciudadanos nos hemos habituado a hacer palanca con el contenedor verde y tirar un poco de todo. Desde 1991 el grueso de las basuras se llevan a Góngora. Allí se vierten más del 80% de la basura que generamos y la carga de lixiviados es tal que aunque el vertedero se cierre en 2023 necesitará entre 30 y 40 años no sólo para restaurar la zona sino para recoger esas aguas contaminantes en una depuradora. Lixiviados que están saturando y superan todos los parámetros de contaminación en la depuradora de aguas residuales de Arazuri (la de fecales para entendernos) y que nos obliga a pagar más dinero a NILSA, más las sanciones que nos pone Europa por verter sin tratar, más la nueva tasa ambiental del Gobierno foral por incumplir la ley: tirones de oreja por tirar la basura a lo bruto. Hasta ahí todos de acuerdo en que había que hacer algo pero los sucesivos gobiernos de UPN-PSN en la MCP ya habían errado en las decisiones que se adoptaron; la primera para biometanizar basuras (sin separar la orgánica) y lodos a la vez en Arazuri, y en segundo lugar porque se pretendió dar cobertura legal a la incineración (se habló de Portland). Y ambos planes fueron tumbados por los tribunales.

La planta de Imárcoain va a “inertizar” ese residuo maldito que en su periplo tras superar diferentes cribas para aprovechar materiales reutilizables la parte de orgánica sucia quedará disecada (sistema de volteo) e incluso se extraerá biogás para los autobuses de recogida. A diferencia de otros sistemas de biometanización que se gestionan desde multinacionales no se busca la rentabilidad de que llegue con mucha materia orgánica -que es el combustible principal- para hacer biogás porque el objetivo es que de esta materia mezclada y sucia haya poca, y sí mucha de orgánica bien separada para hacer un compost de calidad. Porque va a ser una planta de gestión pública. Todo ello acompañado de campañas para reforzar la recogida separada y la extensión de la tarjeta de acceso restringido al contenedor verde (caparlo porque es malo por decirlo de algún modo) que ya funciona en barrios como Azpilagaña al parecer con éxito. Plantas grandes o pequeñas como plantean los grupos ecologistas lo que realmente va a costar más de quince o veinte años es cambiar los hábitos. Dicen que las personas de más edad son las que mejor están respondiendo al desvío al contenedor marrón. Los que no van tan deprisa y se detienen en lo importante. Sin duda.