sin familia, sin avales, sin vivienda propia o sin un salario decente es difícil hacer frente a la subida loca de los alquileres. Miles de personas sufren el asedio de los “caseros buitre”. Sobrevuelan toda la geografía peninsular, también la navarra, y gestionan más de 240.000 viviendas. La recién constituida Plataforma contra los Fondos Buitre (Madrid) ha denunciado estas prácticas en las que multinacionales financieras compran masivamente viviendas públicas y privadas, también protegidas, para después incrementar los alquileres forzando la salida de muchos inquilinos vía desahucios. Esta posición les permite aumentar la rentabilidad de su inversión logrando beneficios millonarios con alquileres aún más altos o la venta de las viviendas. Además, destrozan como ha ocurrido el mercado de alquiler al provocar el alza generalizada del precio de los alquileres.

La secuencia es la siguiente: Pisos que costaban un ojo de la cara en la década de la burbuja inmobiliaria fueron adquiridos por particulares a través de cuotas hipotecarias impagables. Con la crisis llegaron las ejecuciones hipotecarias y los bancos se quedaron con las viviendas. La presión de las plataformas antidesahucios y un nuevo marco legal permitió que muchas familias pudieran quedarse en la vivienda pagando un alquiler social. Cuando se atisbaba algo de justicia en un mercado salvaje llegaron los fondos buitre que compraron paquetes enteros de vivienda a los bancos pagando hasta el 80% menos de lo que en su día les costó a los particulares. Ahora, muchos inquilinos no pueden hacer frente a las nuevas subidas en las rentas o son presionados para abandonarlas con subidas desorbitadas de precios.

Tienen razón si piensan que la banca ha actuado como si de una banda criminal se tratase, con prácticas mafiosas y dando juego a inversores especulativos que se dedicaban a comprar barato para vender caro. Estos fondos, en su mayoría estadounidenses, aterrizaron entre 2012 y 2013 coincidiendo con la resaca de la crisis del ladrillo: firmas como Cerberus, Blacstone o Lone Store. Dicen que estos fondos, siguiendo un modelo de capitalismo ultrasalvaje, gestionan mucho dinero de terceros y lo hacen desde paraísos fiscales. Dicen también que son meros instrumentos para reactivar el mercado hipotecario. Pero sin duda lo más indecente es su entrada, favorecida por las administraciones, en la vivienda pública. Hay que celebrar por lo tanto la decisión del Tribunal de Cuentas que condena a pagar a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) y a seis ediles 22,7 millones por vender a Fidere, filial de Blackstone, 1.860 viviendas sociales por 128,5 millones, debajo de su precio de mercado y además adjudicadas a dedo, una operación que derivó en desahucios o el drama de vecinos que no pueden pagar el alquiler.

En Navarra habrá que estar ojo avizor con la entrada de estos fondos en operaciones especulativas de compra sibilina de edificios, principalmente en el centro de la ciudad. No tanto porque no haya una política de impulso a la vivienda social de alquiler como su capacidad para desbaratar el mercado libre con precios ya inasumibles en muchas zonas.