“Necesito una persona tranquila, limpia, ordenada y respetuosa, entre 18 y 28 años. No fumadora. No se admiten parejas ni gente con niños”. Es un anuncio habitual de cualquier web que oferta alquiler de habitaciones en Pamplona y su Comarca. En muchos casos se buscan directamente chicas para los llamados pisos compartidos. La demanda va en aumento ante la escalada de los precios de alquiler y se está convirtiendo en un negocio para muchos particulares que ni siquiera declaran sus ingresos y exigen fianzas de hasta dos y tres meses. “El abuso es brutal”, admitía Isabel en el reportaje publicado ayer en la sección de Vecinos, una jubilada de 72 años que no encuentra un alojamiento digno y accesible ante la carestía de los precios en Pamplona, con una lista de espera de tres años para alquilar un piso tutelado. La pareja formada por Melisa y David añadía que sin un contrato de alquiler es difícil acceder a una vivienda y aseguran pagar 300 euros cada uno en Rochapea por una habitación, es decir, 600 euros al mes, lo que hasta hace bien poco era la renta de un piso entero. Ahí van otros ejemplos sacados de la pantalla: 600 euros en Azpilagaña con baño propio o 395 en la calle Mayor con gastos incluidos en un piso con dos baños a compartir. O 350 euros en Buztintxuri. También la plataforma Pobreza Zero de Burlada denunciaba recientemente precios de hasta 350 euros por alquiler de habitaciones en este municipio del cinturón de Pamplona, cifra que condena a la marginalidad a muchas personas sin recursos. Hace bien poco el alquiler de dormitorios era un espacio rotatorio exclusivo de estudiantes y de personas en la frontera de la exclusión social. Ya no. La propia Cáritas reconocía en su último informe que el problema de acceso a la vivienda afecta al 18,4% de la población y que los hogares con gastos excesivos en la vivienda ha aumentado más del 50%. La ley de medidas urgentes para vivienda y alquiler que impulsó Sánchez no recoge acciones para regular los precios de alquiler, aunque sí limitaba las subidas al IPC en todos los contratos, además de introducir un índice estatal de referencia. Las comunidades pueden establecer sus propios índices pero no lo han hecho. En ciudades como Barcelona el precio medio de una habitación es de 420-470 euros, por encima de Milán. La locura total con subidas en los alquileres de un 40% en los últimos cinco años. La nueva normativa municipal que regula el uso de apartamentos turísticos en Pamplona y que recoge la opción -ya existente- del alquiler de habitaciones trata de legalizarlos pero no deja de ser un arma de doble filo. Nadie está en contra de que personas mayores puedan tener un arrimo en viviendas grandes como se ha hecho siempre con estudiantes. El peligro es la entrada de empresas privadas o particulares que busquen especular con la vivienda. Las plataformas vecinales que quieren que haya viviendas disponibles para quienes viven en la ciudad ya lo están advirtiendo y reclamando un mayor control.