Lo que está ocurriendo con el tema de la vivienda en Pamplona es repetir los viejos esquemas, la dicotomía entre una política pública que garantice el derecho a una vivienda y un sutil libre mercado. Lo digo por la estrategia de silencio de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Iruña a la propuesta para ceder siete solares de la ciudad para que el Gobierno foral promueva vivienda de alquiler social. Callada que, dicen, se sustancia en dos motivos. Por un lado, en su interés por vender (no ceder a 75 años) este suelo al Gobierno lo que implicaría no sólo una pérdida de patrimonio por parte del Consistorio sino que la vivienda pública saliera a doblón al conjunto de los navarros (suelo más construcción). En segundo lugar, a las presiones de los promotores inmobiliarios para contar con solares jugosos en el centro de la ciudad, dígase Lezkairu o Arrosadía, para construir la vivienda que más les gusta: libre, en venta y de alto estanding. Y desde luego que la vivienda social se traslade a la Comarca donde el valor del suelo es menor y, por ende, también su negocio. Hay otra operación en la que también se ve el plumero a Navarra Suma: el bloqueo a los proyectos de renovación urbana previstos en los dos Ensanches y en Milagrosa (PEAU), impulsados por el anterior gobierno cuatripartito, y cuyo objetivo principal es la rehabilitación. Según el concejal de Urbanismo en Pleno, lo frenan porque no están de acuerdo con que los ciudadanos paguen un "impuesto" para poder dividir sus viviendas. Vaya... El tema no es nuevo, ya se debatió con motivo de la propuesta de división de los áticos del Casco Viejo que, por cierto, quedó en el cajón por la misma razón, porque Navarra Suma no quería que los propietarios paguen por ello. Un informe técnico del secretario reconoce que segregar supone una incremento de la densidad del parque inmobiliario y eso debe ser compensado a la ciudad. Tan sencillo de entender como que un porcentaje de la plusvalía que se genera debe volver al erario público. Una compensación por dotaciones como aparcamientos que no se pueden hacer en una ciudad ya consolidada pero que, en nuevos sectores, supondrían una cesión del 10% del suelo para equipamientos de la ciudad. Dice ahora Echeverría que no es justo que una viuda de la Milagrosa tenga que pagar 3.000 euros para poder dividir su vivienda de 80 m2 y poder así complementar su pensión. Sabe de sobra que la mayoría de las viviendas de ese barrio no llegan ni a 70 m2 y que no es fácil partirlas para obtener la habitabilidad. La medida, y lo sabe, está pensada para pisos de más de 125 m2 en los Ensanches cuyos propietarios son los únicos que al parecer le preocupan. Y así están paralizando proyectos de rehabilitación en el centro de la ciudad bajo la excusa de que la "izquierda" se saca de la manga impuestos revolucionarios. Oigan, que llevamos muchos años en esto...