antes de que el 23 de septiembre nos viéramos abocados a la repetición electoral, las fuerzas progresistas no se cansaron de advertir a Pedro Sánchez del riesgo que entrañaba una nueva cita con las urnas. Argumentaban algo sencillo de entender: con el reparto de escaños del 28 de abril había números para hacer un gobierno que girase hacia la izquierda y que, sin embargo, votar otra vez podía derivar en un derechizado mapa electoral, con todo lo que eso conlleva.

Pues bien. Ni siquiera ha hecho falta votar para comprobar cuáles son las intenciones del trifachito, que incluye volver a las ilegalizaciones de partidos, que por estos lares creíamos superadas. La iniciativa partió de Vox. Con la intención de ir más allá de agitar el final de la campaña, presentó este jueves una moción en la Asamblea de Madrid que insta a la “inmediata ilegalización” de los partidos separatistas. Es verdad que se trata un texto que solo sirve para fijar una posición política, pero recabó el apoyo de PP y Ciudadanos y se aprobó apenas unos días después de que la ultraderecha de Abascal protagonizara la extravagancia de solicitar la ilegalización del PNV. Toda una amenaza de tres partidos que aspiran mañana a tener suficiente respaldo para gobernar y todo un desbarre que aún enfangó más Juan Carlos Girauta cuando ayer quiso quitar hierro al asunto. El dirigente de Ciudadanos vino a decir que no es partidario de las ilegalizaciones, pero sí de que se exija un mínimo del 3% para obtener representación en el Congreso de los Diputados. Un planteamiento, el de Girauta, propio de la versión más casposa de Torrente, que además multiplicaría el independentismo.

Si lo que pretenden los de Albert Rivera es que los nacionalismos y los regionalismos, incluidos sus socios de UPN, se sientan cómodos en España, pero no tengan posibilidad de participar en las Cortes Generales -solo ERC supera ese 3%-, es que no saben ni por dónde les da el aire.