Editorial de diario de noticias

Rato, primer viaje hacia la cárcel

El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para quien fuera vicepresidente de Aznar, presidente del FMI y de Bankia por las tarjetas ‘black’, una juerga de corrupción con gastos injustificados, chabacanos y fiscalmente opacos

07.02.2020 | 10:25

El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para quien fuera vicepresidente de Aznar, presidente del FMI y de Bankia por las tarjetas ‘black’, una juerga de corrupción con gastos injustificados, chabacanos y fiscalmente opacos

La sentencia del Tribunal Supremo que confirma el fallo de la Audiencia Nacional por el caso conocido como de las tarjetas black para la cúpula directiva de Bankia y Caja Madrid mantiene la pena de 4 años y medio de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno Aznar, vicepresidente del PP y exdirector del FMI, Rodrigo Rato, y las condenas previas para otros 62 acusados, todos los implicados inicialmente en este obsceno salchucho excepto el expresidente de la entidad financiera, Miguel Blesa, ya fallecido. La condena a todos los implicados -por gastos indebidos de más de 12 millones de euros entre 2003 y 2012 desvela hasta qué punto el Estado español precisa de ser reciclado. No en vano, entre los 63 condenados por la Fiscalía, además del exvicepresidente Rato -quien aún está involucrado en procesos judiciales con entre otras acusaciones, fraude fiscal, apropiación indebida, blanqueo de capitales y estafa a inversores-, se encuentran el exsecretario de Estado de Comercio de aquel Gobierno Fernández Norniella; el exjefe de la Casa del rey Rafael Spottorno, el exjefe de la patronal Díaz Ferrán, y entre otros miembros y representantes del PP, del PSOE, de IU y de CCOO y UGT. Sin embargo, esa exigencia de regeneración ni puede ni debe limitarse a los casi setenta imputados en la causa, ni siquiera al resto de imputaciones que, en torno a Bankia y Caja Madrid, se realizan sobre Rato cuya reunión con Fernández Díaz en su despacho del Ministerio de Interior está aún sin explicar y otros, ni al periodo al que se refiere la acusación fiscal, sino que debe extenderse a todo un modelo de actuación que ha considerado el ejercicio de la política y la gestión de la administración pública en sus distintos niveles como una oportunidad de aprovechamiento personal a la sombra de la aquiescencia, implícita o explícita cuando no de la participación, de los poderes del Estado, especialmente los relacionados con el PP y la Justicia. Pretender, por el contrario, que después de la inacabable sucesión de casos de corrupción que deambulan de juzgado en juzgado y que aún siguen llegando a la superficie desde las cloacas del Estado -familia Borbón incluida-, que la transformación regeneradora se quede en mero relevo generacional, pilotado por los mismos que han venido dirigiendo el Estado en décadas de descomposición ética y corrupción, es tanto como avalar la continuidad y el amparo del oscurantismo sobre un modelo político de Estado envilecido que escandaliza a la absoluta mayoría de los ciudadanos y devalúa los valores democráticos.

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