más allá de que es una obviedad que cualquier ocupación ilegal de una propiedad abre un proceso judicial del que se derivan actuaciones y consecuencias, la entrada en el Palacio de Rozalejo -que en ese momento se encontraba vacío- de técnicos del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra tras las denuncias de vecinos que alertaban sobre la realización de obras, sin licencia y sin visado, en el interior del edificio ha puesto en evidencia la situación de peligrosidad y riesgo en su interior. En realidad, ni el Gobierno ni el Ayuntamiento de Iruña podían, desde la progresiva judicialización de este caso y el consiguiente callejón legal de responsabilidades, hacer otra cosa. Más aún desde que los portavoces de la okupación de Marqués de Rozalejo rechazaron las propuestas de diálogo y acuerdo intentadas desde el Gobierno, EH Bildu y el propio alcalde Asiron y cerraron el paso a cualquier solución pactada. Y lo cierto es que las decisiones hay que tomarlas según los contextos y en el caso de Rozalejo -rebautizado como Gaztetxe Maravillas- el Gobierno no ha renegado de su responsabilidad de gestión pública en la recuperación de un patrimonio del bien común y en la salvaguarda prioritaria de la seguridad de las personas tras la orden judicial que decretaba la inspección del espacio. Y no sólo porque una postura de inacción pudiera derivar en consecuencias legales para el propio Gobierno y para sus funcionarios, sino sobre todo porque se trata de priorizar la seguridad de quienes lo utilizan -muchos menores de edad- como espacio de ocio. De hecho, es una actuación similar a la que tuvo que afrontar el Ayuntamiento de Iruña ante la okupación de un edificio en el paseo de Sarasate o del chalet de Caparroso. Cualquier otra actitud condescendiente con los riesgos, la okupación ilegal, los requerimientos judiciales y las denuncias de vecinos hubiera sido impropia de un Gobierno responsable de los intereses generales y los bienes públicos. Y más aún cuando tanto desde el Ayuntamiento como desde el Gobierno se están impulsando nuevas medidas sociales y económicas en el ámbito de la vivienda con especial foco en los jóvenes y se han dado sobradas muestras de atender la demanda de espacios autogestionados. ¿O acaso alguno de los dirigentes políticos que avalan la okupación de Rozalejo va a a asumir en propia persona o para sus siglas las responsabilidades penales, civiles, personales o económicas que se puedan derivar de los riesgos que han constatado los técnicos de Patrimonio?
