Editorial de diario de noticias

Informe claro y responsabilidad

La inspección del edificio de Marqués de Rozalejo, tras las denuncias vecinales y una orden judicial, confirma la situación de riesgo y peligrosidad del edificio okupado tras las diferentes obras realizadas sin permiso ni licencia

08.02.2020 | 14:25

La inspección del edificio de Marqués de Rozalejo, tras las denuncias vecinales y tras una orden judicial, confirma la situación de riesgo y peligrosidad del edificio okupado tras las diferentes obras realizadas sin permiso ni licencia

más allá de que es una obviedad que cualquier ocupación ilegal de una propiedad abre un proceso judicial del que se derivan actuaciones y consecuencias, la entrada en el Palacio de Rozalejo -que en ese momento se encontraba vacío- de técnicos del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra tras las denuncias de vecinos que alertaban sobre la realización de obras, sin licencia y sin visado, en el interior del edificio ha puesto en evidencia la situación de peligrosidad y riesgo en su interior. En realidad, ni el Gobierno ni el Ayuntamiento de Iruña podían, desde la progresiva judicialización de este caso y el consiguiente callejón legal de responsabilidades, hacer otra cosa. Más aún desde que los portavoces de la okupación de Marqués de Rozalejo rechazaron las propuestas de diálogo y acuerdo intentadas desde el Gobierno, EH Bildu y el propio alcalde Asiron y cerraron el paso a cualquier solución pactada. Y lo cierto es que las decisiones hay que tomarlas según los contextos y en el caso de Rozalejo -rebautizado como Gaztetxe Maravillas- el Gobierno no ha renegado de su responsabilidad de gestión pública en la recuperación de un patrimonio del bien común y en la salvaguarda prioritaria de la seguridad de las personas tras la orden judicial que decretaba la inspección del espacio. Y no sólo porque una postura de inacción pudiera derivar en consecuencias legales para el propio Gobierno y para sus funcionarios, sino sobre todo porque se trata de priorizar la seguridad de quienes lo utilizan -muchos menores de edad- como espacio de ocio. De hecho, es una actuación similar a la que tuvo que afrontar el Ayuntamiento de Iruña ante la okupación de un edificio en el paseo de Sarasate o del chalet de Caparroso. Cualquier otra actitud condescendiente con los riesgos, la okupación ilegal, los requerimientos judiciales y las denuncias de vecinos hubiera sido impropia de un Gobierno responsable de los intereses generales y los bienes públicos. Y más aún cuando tanto desde el Ayuntamiento como desde el Gobierno se están impulsando nuevas medidas sociales y económicas en el ámbito de la vivienda con especial foco en los jóvenes y se han dado sobradas muestras de atender la demanda de espacios autogestionados. ¿O acaso alguno de los dirigentes políticos que avalan la okupación de Rozalejo va a a asumir en propia persona o para sus siglas las responsabilidades penales, civiles, personales o económicas que se puedan derivar de los riesgos que han constatado los técnicos de Patrimonio?